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El Senado aprobará un decálogo de derechos en Internet

El borrador propone que las Cortes controlen la calidad del servicio

Tomàs Delclós

El Senado aprobará el próximo jueves una declaración sobre Internet que es un decálogo sobre los derechos de los ciudadanos en Internet y las obligaciones de la Administración ante las nuevas tecnologías. El borrador propone desde la creación de una Fiscalía de Delitos Informáticos a que las Cortes reciban información sobre los fallos que se produzcan en la prestación del servicio.

El documento de 12 puntos es el resultado de la reflexión abierta en el Senado dentro de la Comisión Especial de Redes Informáticas, creada en 1998 y por la que han desfilado una amplia representación de todos los sectores vinculados con Internet. La comisión toma sus resoluciones por consenso.El decálogo defiende una red abierta a todos. El libre acceso se considera un derecho fundamental de la persona y, por tanto, no pueden presentarse obstáculos en razón del sexo, la edad, lugar de residencia o condiciones físicas y psíquicas.

En el segundo punto se establece que la libertad en la red debe ser total en acceso, circulación e información, con las únicas limitaciones derivadas de la Carta Universal de los Derechos Humanos, en alusión a, por ejemplo, mensajes racistas o xenófobos. Tras apelar a que los poderes públicos eliminen los obstáculos que impidan la participación de todos los españoles en la red, el borrador establece que el ordenador personal y el domicilio electrónico son inviolables, por lo que ningún registro puede hacerse sin resolución judicial, salvo en los delitos flagrantes. En este capítulo se acude al amparo del artículo 18 de la Constitución, que protege la intimidad personal.

Control público

El documento apoya la autorregulación de los usuarios y estimula a operadores y navegantes a constituir un organismo representativo en el que se intercambien puntos de vista y acometan iniciativas. Para perseguir las prácticas ilícitas en Internet se propone la creación de una Fiscalía Especial para los Delitos Informáticos. El texto muestra su preocupación por los "planes de alfabetización digital" de la población y sugiere políticas de fomento en el ámbito educativo. De cara al aumento de los contenidos en español dentro de la red, el borrador propone incrementar la dotación del Instituto Cervantes, a través del cual también se iniciará un programa de conocimiento y divulgación de las otras lenguas peninsulares.

Tras proponer que España sea activa en los esfuerzos europeos para mejorar la calidad y rebajar los precios del uso de las nuevas tecnologías y empujar el dinamismo del comercio electrónico, el punto décimo del decálogo establece que "el correcto funcionamiento de la red, así como su adecuado mantenimiento, exigen el permanente compromiso de las empresas operadoras y la atenta vigilancia por parte de los organismos públicos. Las Cortes Generales serán informadas periódicamente de las incidencias y fallos en la prestación del servicio. Dicho informe será examinado por la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones". El decálogo concluye proponiendo la modernización digital de la Administración y anuncia que el Senado creará una comisión con capacidad legislativa y de control del Gobierno.

Precisamente esta semana, el Senado ha celebrado unas jornadas de puertas abiertas que han incluido charlas a través de la red de los senadores con los ciudadanos.

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