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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Ancianos

El informe sobre la situación de los ancianos en España con el que el defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha puesto fin a su mandato es alarmante, pero no más que la situación que describe. Hay 6,5 millones de españoles mayores de 65 años, el 16% de la población. Los problemas detectados no son nuevos: la ley los margina en muchas de las situaciones propias de su edad y los servicios sociales que los atienden no están muchas veces adaptados a sus necesidades sanitarias.No se trata de un informe sociológico más, sino de una interpelación a los poderes públicos para que cumplan sus deberes en relación con un segmento de la población cada vez más amplio y necesitado de una atención especializada. A juicio del Defensor, la correcta atención de los ancianos exige no sólo un mayor esfuerzo presupuestario, sino reformas legales y un cambio de actitud social. La "gerontofobia", el rechazo o el desinterés hacia los viejos, por serlo, es una actitud perceptible tanto en el ámbito privado como en el de los servicios públicos. El Defensor propone una sobreprotección penal del anciano (una especie de agravante de vejez) que disuada a sus potenciales "expoliadores" y aleje la tentación de discriminación en la atención pública.

Pero es evidente que el mayor escollo es presupuestario y atañe, sobre todo, a ese fragmento de población anciana, cada vez más numeroso por el aumento de la esperanza de vida, que necesita ayuda para valerse por sí misma o de atención especializada fuera del ámbito de la familia. Son más de un millón, la mayoría con más de 80 años, para los que no hay suficientes plazas en residencias públicas, mientras que las privadas quedan fuera de sus posibilidades económicas o de sus familias.

La red asistencial -residencias, ayuda domiciliaria, centros de día- queda lejos del nivel medio de los países de la UE. Es posible que el entorno familiar sea en España un paliativo, pero los síntomas indican que lo será cada vez menos. El Defensor cifra en unos 115.000 millones de pesetas anuales hasta el año 2006 la cantidad necesaria para superar ese desfase.

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