La Hacienda vizcaína traslada a la Fiscalía seis presuntos delitos fiscales por 4.500 millones

La Hacienda vizcaína ha descubierto este año seis casos de presunto delito fiscal por un importe conjunto de 4.500 millones. El diputado foral Javier Urizarbarrena, en lo que supone la primera difusión pública en Euskadi de este tipo de datos, reveló ayer que los expedientes se han remitido a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En los diez primeros meses del año, los servicios de la Hacienda foral han descubierto un desfase a su favor de 19.088 millones en las declaraciones analizadas, lo que supone un 15% más en relación con el pasado año.

El titular de Hacienda, que comparecía en las Juntas Generales por una pregunta del PSE-EE sobre los resultados de la lucha contra el fraude fiscal, ofreció una prolija exposición de datos. Concretó que los seis presuntos delitos fiscales se refieren, en cuatro casos, a infracciones en el IVA intracomunitario (el de las exportaciones a empresas de la Unión Europea que se paga en el origen), otro se relaciona con el IVA de exportaciones y el sexto, con la declaración de la Renta.Los 4.500 millones del presunto fraude, que deberá ser investigado ahora por la Fiscalía del Tribunal Superior, se unirían a los 19.088 millones de deuda tributaria localizada por los servicios de Hacienda de enero a octubre de este año, lo que supone un 15,33% de incremento respecto al pasado año. "La razón de no incluir de momento este importe en nuestras cuentas es que, como saben ustedes, cuando se remite a la fiscalía un presunto caso de delito fiscal se interrumpe la vía administrativa", explicó Urizarbarrena a los junteros.

Los impuestos impagados y que han sido descubiertos por Hacienda han aumentado en un 34% en el caso de los tributos directos y el 8%, en los indirectos "resaltando de forma especial transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con un incremento de deuda tributaria generada del 98%", indicó.

El titular de Hacienda destacó la inspección realizada en los fondos de inversión, donde a principios de año se conoció un fraude generalizado que afectaba a 30.000 vizcaínos que no los declararon entre los años 1995 y 1997. Tras el envío de cartas para pagar sus deudas, Urizarbarrena reveló que Hacienda ha recibido 13.794 declaraciones por un importe de más de 610 millones y anunció que se requerirá próximamente a "los contribuyentes que aún recibiendo la carta de referencia no han presentado declaración complementaria para practicar la oportuna liquidación que, indudablemente, llevará aparejada la correspondiente sanción". La Diputación vizcaína había decidido no imponer sanciones o intereses de demora a quienes regularizasen su situación tras el requerimiento.

Esta bolsa de fraude se descubrió tras la colaboración con la Administración central, ya que las operaciones habían sido realizadas con gestoras de fondos de inversión cuya sede social está fuera del País Vasco.

Hacienda también ha investigado los valores de renta variable y de los 18.000 requerimientos de la campaña contra el fraude "las liquidaciones practicadas [sobre estos valores] superan las 11.000, con un importante efecto recaudatario. Baste decir, que clasificadas por orden de importancia, las 1.574 primeras declaraciones han generado unos ingresos de aproximadamente 390 millones de pesetas, lo que equivale a una media de 250.000 pesetas por declaración", indicó.

Impuesto de sociedades

La Hacienda vizcaína ha recibido otros 2.700 millones por el impago de deudas del Impuesto de Sociedades y "se han efectuado más de 2.000 requerimientos a sociedades por no haber presentado la pertinente declaración".

Los grupos junteros eludieron, en su mayoría, analizar los datos del fraude fiscal hasta estudiarlos con detalle. Únicamente Maite Arana (PSE-EE) pidió información sobre los colectivos más suceptibles del impago de impuestos y José Luis Conde (IU) solicitó a la Diputación un estudio sobre la cantidad económica del fraude fiscal en Vizcaya. Ignacio Etxeberria (PNV) dijo "que se nota el trabajo" del departamento.

Urizarbarrena, quien se comprometió a informar de forma periódica de las cifras del fraude fiscal, consideró imposible elaborar un estudio sobre su alcance real. "Ninguna administración tributaria del Estado e incluso europea es capaz de tener esos datos medianamente fiables", señaló.