El juez imputa cohecho y tráfico de influencias al edil del PP de Sanlúcar

El juez instructor del caso Sanlúcar, Sergio Escalona, ha confirmado la imputación del concejal del PP Manuel Ramírez, en contra la opinión del fiscal, que lo excluyó de su relación de imputados el pasado 26 de noviembre. El juez sobresee también la imputación de Fernando Moreno Rodríguez, el cuñado de Rafael García Raposo, ex secretario de organización del PSOE sanluqueño y principal inculpado en los hechos. El juez excluye de las diligencias que se practicarán las declaraciones de los dirigentes regionales y federales del PSOE, que pretendía el PP, personado en el caso al igual que PSOE e IU.

Manuel Ramírez, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda que denunció haber sido objeto de un presunto caso de soborno, seguirá imputado por dos presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.Manuel Ramírez denunció el pasado mes de noviembre que otro concejal, el socialista Rafael García Raposo, le ofreció 50 millones -le fueron entregados en dinero en metálico, cheques y letras- a cambio de que se ausentara del pleno en el que se votó la moción de censura contra el ex alcalde Agustín Cuevas (PSOE).

El juez también imputa los mismos cargos a García Raposo, al ex alcalde de Sanlúcar Agustín Cuevas y a Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, quien supuestamente ofreció un puesto de trabajo en su municipio para Ramírez como parte del trato. El constructor Rafael Ávila, quien según la versión del edil del PP facilitó el dinero tras recaudarlo de las gasolineras que posee en Sanlúcar, también continúa en la misma situación procesal, al igual que Fernando Moreno Ollero y Manuel Rodríguez Gálvez, propietarios de la empresa Zafiro, quienes entregaron a García Raposo un cheque de cinco millones de pesetas, según han reconocido las dos partes. Los industriales sostienen que creían que era para la entrada de un piso. El fiscal tampoco pidió la imputación de estos dos empresarios.

En el auto judicial entregado ayer a las partes, el juez no cita ni como imputados ni como testigos a los dirigentes socialistas que había solicitado el PP: Alfonso Perales, secretario federal de Política Municipal; Luis Pizarro, secretario de Organización regional, Francisco Vázquez Cañas, secretario general del PSOE de Cádiz, y Juan García, secretario provincial de Política Municipal. En cambio, cita como testigos a Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, María José García Pelayo, presidenta provincial y Juan Rodríguez, alcalde actual de Rota. Según el testimonio de Ramírez, Sanz y García Pelayo estaban informados desde el principio del intento de soborno.

El juez rechaza además una petición del PSOE para que Airtel, Movistar y Amena entreguen los listados de las llamadas de los imputados y renuncia a practicar otras diligencias como la solicitud de un contrato al Ayuntamiento de Chipiona para certificar la firma de Aparcero, la declaración de los empresarios Juan Manuel Ruiz Acosta y José Luis Barrero -citados por Ramírez como posibles receptores de una llamada de García Raposo- y las cuentas del PSOE. Igualmente renuncia a pedir a la empresa Jamones Valle información sobre la relación con Ramírez, la causa del despido y el nombre de la persona que liquidó la deuda de 638.000 pesetas que mantenía el edil del PP con esta firma.

El instructor ha pedido que se inste a la Guardia Civil de Chipiona a identificar y citar como testigos al empleado de guardia en el cámping de Chipiona el 18 de octubre y a la mujer que estaba presente cuando Aparcero supuestamente firmó el contrato a Ramírez. El juez solicita un listado de las gasolineras y de los bancos que existen en Sanlúcar, así como los movimientos de las cuentas corrientes durante el mes de octubre de Cuevas, García Raposo y de los empresarios de Zafiro.