Las navieras se declaran dispuestas a sufragar la repatriación de polizones
Las autoridades multaron con más de 600 millones a 20 buques con inmigrantes en 1998
El Gobierno y los representantes de la asociación de los navieros españoles (Anave) buscan una salida al problema de los polizones. Los armadores están dispuestos a sufragar los gastos de alojamiento, asistencia sanitaria y repatriación de los inmigrantes que se cuelan clandestinamente en los grandes buques desde los puertos de África y, a cambio, esperan que el Gobierno les permita desembarcarlos en los puertos nacionales. La Dirección General de la Marina Mercante multó el pasado año con más de 600 millones de pesetas a 20 buques con inmigrantes que incumplieron la ley.
La presión de los trabajadores clandestinos que intentan llegar a Occidente ocultos en los recovecos de los gigantescos buques mercantes va en aumento: 832 en 1997; 936 en 1998, y 536 en los primeros meses de 1999, según datos provisionales del Ministerio del Interior.Mientras tanto, el Gobierno y los responsables de las navieras tratan de llegar a un acuerdo para reducir un conflicto al que, por el momento, ni unos ni otros ven salida. Los armadores están dispuestos a contratar vigilantes privados de seguridad aunque encarezca el precio del transporte. También ofrecen correr con los gastos de alojamiento, asistencia y repatriación de los polizones. Como contrapartida esperan que el Gobierno les permita dejar en tierra a los pasajeros indeseados hallados en toneles, contenedores o agarrados al ancla.
Muchos mueren en estas inciertas travesías. La tripulación les detecta en ocasiones por el fuerte olor que desprenden los cadáveres; otros son descubiertos en las cocinas, cuando el hambre les obliga a abandonar sus escondrijos tras haber agotado el agua y las galletas para un viaje que preveían de días y que se prolonga a veces meses.
En entonces cuando, según testimonios de los navieros y de representantes de la ONG Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), se crea una situación límite. "Nos obligan a convertirnos en policías, y ni queremos ni estamos preparados", comenta Manuel Carlier, director general de Anave. Tienen que vigilar a los polizones para evitar disturbios, impedir que se autolesionen o que salten por la borda a escasos metros del puerto. Cualquiera de estos comportamientos implica problemas con las autoridades portuarias y fuertes sanciones económicas. Un polizón evadido o una comunicación a puerto sin la debida antelación suponen un desembolso de 30 millones de pesetas. La Dirección General de la Marina Mercante impuso en 1998 una veintena de multas a otros tantos buques -ninguno español- con 98 polizones a bordo. La mayoría fueron obligados a continuar viaje hacia otros puertos europeos, aunque portaran documentación de la Cruz Roja avalando su condición de refugiados de guerra. Otros, quienes consiguieron llegar nadando hasta la costa, han sido repatriados. Unos pocos continúan en los centros de acogida en espera de destino. La Administración española ha recaudado con estas sanciones más de 600 millones.
Viaje a ninguna parte
El Gobierno se muestra reacio a la propuesta de los armadores porque no acepta más inmigrantes que los irremediables, los miles que se cuelan clandestinamente por las fronteras terrestres. Así se han batido récords de polizonaje: hasta tres años permaneció un centroafricano vagando de puerto en puerto en viaje a ninguna parte.Algunos armadores vigilan ya los mercantes con perros y gases lacrimógenos antes de zarpar de los puertos africanos cuyos países están en guerra o azotados por la miseria. Combaten de esta forma una pequeña parte del problema. Pero saben que ni ellos ni nadie puede frenar a quienes huyen para salvar sus vidas. Seguirán encontrando polizones en los agujeros más insospechados de sus barcos. La negociación con el Gobierno continúa.
