Berlusconi tendrá que sentarse en el banquillo acusado de corromper a varios jueces romanos

Apenas 72 horas después de que un juez de Milán decidiera el martes procesar al líder de la oposición política y magnate de la televisión privada italiana, Silvio Berlusconi, por presunto fraude contable en la empresa All Iberian II, otro magistrado ordenó ayer la apertura de un nuevo juicio contra él, esta vez por presunta corrupción a una serie de jueces romanos para amañar sentencias en su favor en 1985. En el proceso, que se inicia el próximo 9 de marzo, el líder de Forza Italia estará acompañado por Cesare Previti, ex ministro de Defensa en el Gobierno presidido por Berlusconi en 1994, y por otras seis personas.

El líder de la coalición de oposición reaccionó con la misma furia con la que acogió el martes la decisión del juez sobre el caso All Iberian. "Hemos ido más allá de la locura y más allá de la ley", dijo ayer Berlusconi, "porque se pisotean los procedimientos, se niegan los derechos de la defensa, se utilizan falsos testimonios y se construyen pruebas falsas". "Todo el mundo ve claro ya que los que actúan no son los jueces, sino miembros de la izquierda que usan la justicia para sus fines de lucha política, con la intención de eliminar de la escena al que consideran el enemigo más peligroso".Berlusconi no se detuvo a la hora de señalar con el dedo a los fiscales de Milán, aunque no llegó a nombrarles. "El uso de la justicia por parte de un reducido grupo de magistrados", dijo, "constituye un verdadero y auténtico cáncer que hay que extirpar del cuerpo de la democracia para preservar la libertad en nuestro país". Los demás líderes de la coalición de oposición Polo de las Libertades coincidieron con su jefe en el análisis de esta nueva decisión judicial y salieron en defensa de la inocencia de Berlusconi.

No menos violenta fue la respuesta de Walter Veltroni, ex vicepresidente del Gobierno italiano -y firme candidato a suceder a Massimo D"Alema al frente del Ejecutivo-, quien, tras mostrar su "preocupación" por la reacción de Berlusconi, calificó al magnate de "extremista de derechas". El portavoz del grupo parlamentario de los Demócratas de Izquierda, Fabio Mussi, dijo que "si existe un cáncer en Italia, es el que representa un líder político que no reconoce la soberanía de la ley".

La decisión del juez Alessandro Rossato -a quien Berlusconi ha amenazado con una querella- da vía libre a la investigación desarrollada desde 1995 por varios de los jueces del movimiento Manos Limpias, entre ellos, la fiscal Ilda Bocassini, en torno a varios casos de corrupción judicial. Una investigación considerada por muchos como la más importante de las desarrolladas por este grupo de jueces desde los tiempos de Tangentópolis. A los imputados se les acusa de haber sobornado a los jueces romanos que en 1985 decidieron bloquear la venta de la industria de alimentación Sme al grupo de Carlo de Benedetti, favoreciendo en cambio a Berlusconi, Barilla y Ferrero, que competían por ella.

Otros implicados

Además del líder de la oposición -contra el que pesa un segundo delito de fraude contable- y del que fuera su ministro de Defensa, Cesare Previti, tendrán que responder de la acusación de corrupción de actos judiciales del ex jefe de los jueces que se encargan en Roma de las investigaciones preliminares, Renato Squillante, el abogado Attilio Pacifico y el ex juez Filippo Verde. Mientras otras cuatro personas -los hijos de Squillante, Mariano y Fabio, y la mujer de este último, Olga Savtchenko- están acusadas de favorecer el delito de corrupción, al igual que el ex juez romano que en estos momentos ejerce en Nápoles Francesco Misiani.La investigación que han llevado adelante los fiscales de Milán se inició en julio de 1995 gracias a la inestimable colaboración de Stefania Ariosto, una señora entrada en los cuarenta, bien parecida y de aspecto distinguido que había mantenido una larga relación con Vittorio Dotti, entonces portavoz de Forza Italia en la Cámara de Diputados e íntimo amigo de Cesare Previti y de Berlusconi. Ariosto confesó a la fiscal Ilda Bocassini haber sido testigo, al menos en tres ocasiones, de cómo Previti corrompía a los jueces romanos. Obviamente, no lo hacía por cuenta propia, según la testigo, sino por encargo del líder de la oposición.

Los fiscales han podido seguir en Suiza, gracias a varias comisiones rogatorias, movimientos de dinero desde las cuentas del holding familiar de Berlusconi, Fininvest, a las de los magistrados inculpados, siempre a través de las cuentas del propio Previti.

No todos los implicados en la investigación se han visto obligados a abandonar la actividad política o judicial como consecuencia de la misma. En marzo de 1996, los fiscales ordenaron la detención del juez Squillante y del abogado Pacifico; sin embargo, Cesare Previti no pudo ser detenido porque la Cámara de Diputados, de la que forma parte, negó el suplicatorio pedido. En cuanto a Berlusconi, su inclusión en la investigación ha sido reciente. La audiencia preliminar del caso comenzó hace 17 meses y ha estado caracterizada por la dureza verbal entre los fiscales y los abogados defensores.