El fiscal imputa a los dos ministros socialistas sendos delitos de malversación continuada

El fiscal considera en su escrito de acusación que los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera incurrieron en un delito de malversación continuada por consentir que terceros sustrajeran caudales públicos que ellos tenían a su cargo, pero constata que no destinaron dichos fondos a su enriquecimiento personal. En el caso de Corcuera, el fiscal le imputa además un segundo delito de malversación consistente en "sustracción de caudales" por destinar 7,3 millones de pesetas a la adquisición de joyas como regalo navideño para las esposas de altos cargos de su departamento.

Según el fiscal Alejandro Luzón, fue la ausencia de control externo lo que permitió a los responsables de los fondos reservados aplicarlos a "fines ajenos a cualquier uso público", y en ocasiones, "destinarlos a su propio enriquecimiento patrimonial".Del escrito del fiscal se desprende que Barrionuevo y Corcuera están en el primero de los supuestos, es decir, en el de haber consentido que los fondos se destinasen al pago de sobresueldos, sin que ellos se hubiesen enriquecido personalmente. Por este delito de malversación continuada, el fiscal pide para Barrionuevo siete años de prisión e inhabilitación absoluta por 16 años. Para Corcuera solicita seis años y un mes de prisión e inhabilitación absoluta por 15 años y, además, otra pena de cuatro años y siete meses por utilizar dinero de los fondos reservados para pagar joyas regaladas a las mujeres de sus subordinados.

Según el fiscal, la partida de gastos reservados tenía como finalidad "sufragar los gastos necesarios para la defensa y seguridad del Estado, constituyendo la única diferencia respecto al resto de los gastos públicos la relativa a su publicidad y justificación y, en concreto, la ausencia de cualquier control externo sobre su destino".

Entre 1983 y 1993, los gastos reservados de Interior se ingresaban en tres cuentas corrientes en el Banco de España: la número 16-07-22A-226.08, denominada "Provisión de Fondos", estaba destinada a atender las necesidades de la dirección general de la Guardia Civil; otra denominada "Habilitación de Material" era directamente gestionada por el ministro del Interior, custodiándose sus caudales en la cuenta 24-000164-1; la más cuantiosa estaba a disposición del director de la Seguridad del Estado, que administraba y disponía de sus fondos en la cuenta 25-012128-6, a nombre de la Secretaría de Estado para la Seguridad.

Interior dispuso además de partidas complementarias anuales que se incrementaban previa solicitud del secretario de Estado al ministro, en las que "invariablemente se hacía constar como razón esencial de la petición la necesidad de atender gastos derivados de la lucha antiterrorista".

Incremento de retribuciones

En el caso de Barrionuevo, el fiscal le atribuye haber acordado con Rafael Vera que una parte de los fondos reservados debían destinarse a incrementar las retribuciones de algunos altos cargos del ministerio, de especial relevancia y responsabilidad en la lucha antiterrorista. De esa manera, y en cumplimiento de lo acordado, Vera entregó al entonces director de Seguridad, Julián Sancristóbal, 21 millones de pesetas; A su vez Sancristóbal entregó a Roldán 14 y éste recibió otros 7 de Vera, que entregó esa misma cantidad al gobernador de Vizcaya, Juan Ignacio López.Respecto a Corcuera, el fiscal dice que entregó a Roldán y Rodríguez Colorado fondos "para que los incorporaran a sus respectivos patrimonios personales". También destaca que en enero de 1990, durante una reunión en El cenador de Salvador, un restaurante de Moralzarzal (Madrid), a la que asistieron Corcuera, Vera, Luis Roldán y Rodríguez Colorado, el primero autorizó el reparto de una indemnización por el futuro cese en el cargo. En ejecución de ese acuerdo, Vera comenzó a remitir, junto al talón mensual de 11,5 millones en el caso de la dirección de la Guardia Civil y de 15 millones en el de la Dirección General de Policía, un talón de 5 millones con la expresa indicación de que quedaba a la libre disposición de Roldán y Rodríguez Colorado, que ambos hacen suyos.

A partir de diciembre de 1991, Rafael Vera incrementa el importe de la entrega a Roldán en otros cinco millones, percibiendo Roldán hasta su cese, en diciembre de 1993, 10 millones mensuales.

El fiscal pide que Barrionuevo indemnice al Estado en 34 millones de pesetas por las cantidades entregadas a Luis Roldán durante el periodo en que éste ocupó el cargo de director general de la Guardia Civil. En el caso de Corcuera, éste debería responder de 374 millones de pesetas por las cantidades entregadas a Roldán y hasta 79 millones por las recibidas por Rodríguez Colorado.