Sancristóbal ingresó al menos 130 millones de los fondos

Julián Sancristóbal cobró al menos 130 millones de pesetas procedentes de los fondos reservados del Ministerio del Interior, según el escrito de acusación que el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón presentó ayer.El fiscal le considera autor de dos delitos continuados de malversación en su modalidad de sustracción de caudales públicos y pide para él seis años y un mes de prisión y 16 años de inhabilitación por el primer delito, y cuatro años y siete meses de prisión y ocho años y un mes de inhabilitación por el segundo.

Sancristóbal, condenado por malversación de caudales públicos en la sentencia del caso Marey, en julio de 1998, se enriqueció en primer lugar en su condición de gobernador civil de Vizcaya, cargo que ocupó desde el 16 de diciembre de 1982 al 9 de febrero de 1984. Rafael Vera le entregó siete millones de pesetas por cada uno de los tres años.

Después, cuando fue nombrado director de la Seguridad del Estado, compartió con Vera las facultades de disposición de la cuenta 25-0121228-6 del Banco de España donde se guardaban los fondos reservados. Él participó en la distribución de fondos y, en noviembre de 1984, entregó siete millones en efectivo a Luis Roldán y posteriormente le entregó un cheque por ese mismo importe.

Gratificaciones

En esa etapa, Sancristóbal incorporó a su patrimonio 10 millones en 1985 y otros 10 en 1986, con anuencia del ministro Barrionuevo. Al cesar en el cargo, recibió una gratificación por servicios prestados de 25 millones.Respecto a Francisco Álvarez, director del Gabinete de Información de la Dirección de la Seguridad del Estado entre febrero de 1984 y el 30 de octubre de 1986 y también condenado por malversación en el caso Marey, el fiscal le considera autor de una malversación simple y pide para él cuatro años de prisión y seis de inhabilitación. Tras su cese, Vera, previa autorización del ministro Barrionuevo, le entregó a modo de gratificación un cheque por importe de 15 millones de pesetas.

Juan Ignacio López Rodríguez, como gobernador civil de Vizcaya entre el 24 de febrero de 1984 y el 2 de septiembre de 1988, recibió de Vera un cheque por importe de siete millones de pesetas, con la habitual indicación de su aplicación privada. López lo ingresó el 5 de enero de 1988 en una cuenta bancaria de la que era titular.

El fiscal, igual que en el caso de Álvarez, le considera autor de un delito de malversación y pide para él cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.