La juez declara prescrito el delito fiscal que forzó a Pedrós a dimitir como presidente del ICO

La juez de Mataró Juana María Fontana ha archivado la causa contra el ex presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) Alejandro Pedrós por presunto delito fiscal, al estimar que ha prescrito. La juez afirma que el nuevo Estatuto del Contribuyente reduce de 5 a 4 años la prescripción de los delitos fiscales, según informó Efe. El abogado del Estado ha recurrido la decisión, mientras que la Fiscalía lo hará en los próximos días. Pedrós dimitió de la presidencia del ICO el 14 de octubre, una semana después de ser nombrado, tras trascender su imputación en el caso.

El juzgado número 6 de Mataró, que fue el que imputó a Pedrós en su momento, ha dictado la nueva resolución al considerar que ha prescrito el supuesto delito fiscal imputado a Pedrós en virtud del Estatuto del Contribuyente aprobado en 1998, que establece que las deudas tributarias prescribirán para la Hacienda pública a los cuatro años.Desde el punto de vista de la juez, dice el auto, la deuda tributaria de Alejandro Pedrós "prescribió", y añade que "si Hacienda no puede reclamar transcurridos los 4 años, tampoco se puede hacer nada por la vía penal".

La resolución asegura que "si la ley establece que el delito ha prescrito, quién es la juez" para imputar el presunto fraude.

En el caso de Alejandro Pedrós, transcurrieron 4 años y 11 meses entre la presunta comisión del delito, el 21 de junio de 1993, y su imputación, en mayo de 1998, por lo que le exculpa.

Pedrós estaba imputado en un presunto delito fiscal cometido en 1992, cuando el dueño de la firma textil Massimo Dutti, Armando Lasauca, vendió acciones de su negocio de confección a la empresa Inditex sin declarar a Hacienda las plusvalías obtenidas.

En esta operación, Alejandro Pedrós actuó como asesor fiscal de Lasauca, contra el que la juez sí que ha ordenado la apertura de juicio oral por un presunto delito contra la Hacienda pública, por el que le pide dos años de cárcel y una multa de 220 millones de pesetas.

En el caso del empresario Armando Lasauca sólo transcurrieron tres años entre que supuestamente delinquió, en 1992, y cuando fue acusado formalmente, en 1995.

El auto de la magistrada ya ha sido recurrido por la Abogacía del Estado ante la Audiencia de Barcelona, mientras que la Fiscalía de Cataluña se espera que lo haga en los próximos días.

La Abogacía del Estado había solicitado para Pedrós penas de dos años y dos meses de cárcel, una multa de 440 millones de pesetas, indemnización a Hacienda de otros 219 millones e inhabilitación para ejercer cargos públicos. La Fiscalía de Barcelona, por su parte, había solicitado dos años de prisión menor, multa de 250 millones de pesetas e inhabilitación para cargo público.

Pedrós fue nombrado presidente del ICO el pasado 8 de octubre y fue forzado a dimitir apenas una semana después, el día 14, tras trascender su imputación en el caso, hecho que se había producido un año y medio antes de su nombramiento.

Pedrós había sido nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato. Éste fue quien, finalmente, forzó al efímero presidente del ICO a presentar su renuncia tras ser informado de que tanto la Fiscalía como el representante legal de la Administración, la abogacía del Estado, había solicitado su imputación y pedían contra él penas consideradas duras.

Los recursos de las acusaciones serán tramitados por la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona.