Transparencia cero

LA GESTIÓN de la cafetería del nuevo edificio central de Correos en Madrid fue adjudicada por concurso, como marca la ley y aconsejan las buenas costumbres, pero el alquiler con opción de compra de esa sede, por un importe de miles de millones, se hizo sin esa garantía. Algo no encaja. Especialmente si resulta que ese alquiler, en condiciones que un informe interno consideró onerosas para el arrendatario, se firma con una empresa cuyo propietario fue hasta 1997 socio del director general de Correos.Correos es un organismo autónomo adscrito al área del Ministerio de Fomento, cuyo titular, Rafael Arias Salgado, también fue durante un tiempo socio del propietario del edificio alquilado. El director general, José Ramón Esteruelas, afirma que se abstuvo de intervenir en las negociaciones previas al contrato, aunque no en la firma del mismo. Si lo hizo o no, es algo que no consta porque no hay ningún papel que lo certifique. Pero esta discusión es relativamente secundaria. Con independencia de que se abstuviera o no, debió haber advertido al Consejo de Administración de Correos, instancia que debía aprobar la operación, de su relación anterior con el arrendador. Eso habría sido lo decente.

La operación se hizo sin concurso público, pese a que implicaba un desembolso mínimo de 2.700 millones de pesetas. No es muy habitual que la Administración alquile una sede de siete plantas, excepto en casos de clara interinidad. En este caso se trata de un alquiler con opción de compra a los cinco años. De haberlo comprado directamente hubiera sido preceptivo cumplir una serie de requisitos en materia de publicidad y control interno de las ofertas. No hace falta ser Sherlock Holmes para preguntarse si tal vez se recurrió a esta fórmula de alquiler para esquivar esas condiciones. Dentro de cinco años, con los servicios ya instalados, ¿quién podría presentar una oferta más ventajosa?

El programa del PP está lleno de promesas de transparencia (y de reproches a la opacidad de sus antecesores en el Gobierno). Es verdad que los actuales gobernantes conocen mejor la ingeniería de los negocios. Desde el lino hasta Correos han surgido numerosos casos que demuestran su habilidad para moverse con gran pericia en ese puente que conecta los intereses privados, de familiares y amigos, con la Administración pública. Seguramente han interpretado de manera interesada el criterio de "un buen padre de familia" que exige el Código Mercantil a los encargados de administrar bienes ajenos.