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'EL CASO PINOCHET'

América Latina después de Garzón

Tras el 'caso Pinochet' han aumentado las denuncias de violaciones de derechos humanos de las dictaduras pasadas

Al tiempo que algunos políticos empeñan sus energías en combatir la extraterritorialidad de la justicia, y, en consecuencia, impedir el procesamiento de ex dictadores latinoamericanos responsables de crímenes de lesa humanidad, sectores jurídicos y de la sociedad civil de la región avanzan en su esfuerzo por poner en pie un nuevo concepto del derecho internacional acorde con los tiempos de la globalización. La contraposición de estos dos mundos quedó de manifiesto la semana pasada con la celebración de la IX Cumbre Iberoamericana. En La Habana, presidentes y cancilleres trataban, sin demasiado éxito, de cerrar el paso a iniciativas contra dictadores argentinos y chilenos como las del juez Baltasar Garzón, mientras en otras capitales latinoamericanas proliferan acciones que mantienen abierta la página más negra de la historia reciente.Por primera vez, la justicia argentina se dispone a investigar las consecuencias del plan Cóndor, diseñado en la década de los setenta por las dictaduras del Cono Sur. Familiares de víctimas de la represión en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay han presentado una querella contra los antiguos dictadores de sus respectivos países. Nombres como Jorge Rafael Videla, Augusto Pinochet y Alfredo Stroessner aparecen en la denuncia, que ha recaído en el juzgado de Adolfo Bagnasco, el magistrado que instruye otra causa contra militares argentinos acusados del robo de hijos de detenidas-desaparecidas durante la dictadura.

Los denunciantes definen la Operación Cóndor como "una asociación ilícita entre los imputados de rango político o militar superior para cometer los delitos de secuestro agravado, aplicación de tormentos, homicidios y desaparición forzada de personas en el territorio de los países involucrados y mediante el uso criminal del aparato del Estado". Los abogados de los querellantes sostienen que la mayoría de los delitos fueron cometidos en Argentina, donde estaba gran parte de los refugiados de las dictaduras de América del Sur, por lo que la jurisdicción no puede ser cuestionada. Ni tampoco la extraterritorialidad, ya que fue pactada por los Estados que firmaron la Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El constitucionalista Rafael Bielsa, uno de los referentes del equipo jurídico de la Alianza que asumirá el Gobierno argentino el mes próximo, estima que con esta querella "Bagnasco enfrenta un desafío parecido al de Garzón, con herramientas jurídicas muy similares a las que tiene el juez español. Va a depender mucho de si Bagnasco como juez va a considerar que está escribiendo un pedazo de la historia del derecho contemporáneo, como considera Garzón, o va a tener una visión más tradicionalista, más apegada al camino transitado y no al camino por transitar".

Otro juez argentino, Claudio Bonadío, ha dado un nuevo impulso a una causa que investiga el paradero de una quincena de personas que desaparecieron entre 1979 y 1980 en Argentina y Brasil. Para ello, el martes de la semana pasada pidió a las autoridades estadounidenses y brasileñas información de la Operación Cóndor relacionada con estos casos. Dos familiares de las víctimas viajaron la semana pasada a Estados Unidos para solicitar la desclasificación de documentos del operativo que coordinó la guerra sucia en el Cono Sur.

Estos movimientos en el ámbito judicial argentino se producen después del estruendo que provocó la reciente orden de búsqueda y captura internacional lanzada por Garzón contra un centenar de militares de la última dictadura. "En Argentina se ha tratado con mucha superficialidad el procesamiento y orden de captura internacional de 98 militares dictadas por el juez Garzón, por los delitos de genocidio, terrorismo y tortura. Los 98 casos no son todos iguales. Hay individuos que fueron juzgados parcialmente y su juicio quedó interrumpido por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Otros fueron juzgados y condenados y posteriormente amnistiados. Hay individuos que cometieron los tres delitos, dos o uno". En opinión de Bielsa, el proceso iniciado por Garzón es serio y riguroso y "tiene un final abierto". El letrado se atreve a declarar que algunos de los 98 militares de la lista deberían ser extraditados. Dicho de otro modo, Bielsa plantea la cuestión en los siguientes términos: "Cuanto más libres sean los individuos que reclama Garzón, menos libre será el Estado de derecho argentino".

En Uruguay, el candidato presidencial del Frente Amplio, Tabaré Vázquez, ha dicho que en caso de llegar al Gobierno tras las elecciones del próximo domingo abrirá una investigación sobre el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura uruguaya (1973-1984). La respuesta de los uniformados no se ha hecho esperar. El general Fernán Amado, jefe del Ejército, ha advertido que el tema de los derechos humanos está "definitivamente cerrado" desde la promulgación y su posterior ratificación en referéndum, en el año 1989, de la llamada ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que impide cualquier actuación de la justicia contra responsables de violaciones de derechos humanos. No obstante, el artículo 4 de dicha ley faculta al poder Ejecutivo a investigar el destino de los desaparecidos sin exigir responsabilidades. A este resquicio legal pretende acogerse Tabaré Vázquez para cerrar una herida abierta por la dictadura, que los militares pretenden dar como cicatrizada. Desde la recuperación de la democracia, hace 15 años, los dos partidos que se han repartido el poder -Colorado y Nacional o Blanco- han aplicado a rajatabla el principio de que no hay nada que investigar, porque ya pasó esta página de la historia.

En Bolivia, organizaciones de derechos humanos y líderes políticos preparan un informe para incriminar, ante el juez Garzón, al actual presidente de Bolivia, el ex dictador Hugo Banzer, por la muerte de un centenar de personas durante su régimen militar de siete años, entre 1971 y 1978, según informa Mabel Azcui. Además de los informes preparados por la Asociación de Familiares de Desaparecidos, el ex diputado izquierdista y antiguo dirigente minero Filemón Escobar asegura haber reunido una serie de pruebas testimoniales en torno al asesinato del sacerdote canadiense Maurice Lefevre, director de la emisora Pío XII, La Voz del Minero, en agosto de 1971, tras el golpe de Banzer que derrocó a su camarada de armas Juan José Torres (1970-1971). Asimismo, el material incluye los nombres de 118 personas, entre ellas 16 que perdieron la vida en sesiones de tortura en dependencias de los organismos de seguridad y represión de la dictadura. "Banzer permitió también que miembros de la Triple A argentina trabajaran en los servicios de inteligencia e información y en el aparato de represión", dijo Escobar e hizo notar que ello formaba parte ya de la denominada Operación Cóndor.

La documentación que se entregará a Garzón incluye una grabación de vídeo que registró, en 1974, un discurso de Banzer en el que autorizó a los campesinos a matar a comunistas en las zonas rurales y un informe sobre la matanza de Epizana y Tolata, dos poblados de indígenas quechuas del valle de Cochabamba, que se levantaron para protestar contra la carestía de la vida. Este movimiento que empieza a cobrar fuerza en Bolivia, dividida a favor y en contra del juez Garzón, preocupa al Gobierno y al entorno del presidente boliviano. Colaboradores de Banzer advierten que "no permitirán" ninguna acción que pueda dañar la actual imagen de líder democrático del gobernante boliviano, tras lanzar duras críticas contra quienes pretenden que la justicia, aun cuando provenga desde España, llegue también a Bolivia. Como presidente constitucional elegido por una mayoría de votos en el Parlamento (en las urnas alcanzó solamente el 20%), Banzer goza de inmunidad al menos hasta el 2002. Bolivia firmó una resolución de rechazo a la extraterritorialidad de la justicia española durante la reunión del Mercosur en Río de Janeiro, a fines del pasado año.

Sin Garzón y sin caso Pinochet, el mundo judicial en América Latina no recibiría la lluvia de denuncias de violaciones de derechos humanos de dictaduras pasadas. Rafael Bielsa se resiste a hablar de un antes y un después de la actuación del juez español. Prefiere remontarse a 1945 con los juicios de Núremberg, a los que siguió un largo proceso en el que se creó el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional, y que, en opinión del jurista, terminará con un nuevo escenario: "Creo que este ciclo terminará con una asunción de responsabilidades por parte de los propios tribunales locales, que van a juzgar a quienes tengan que juzgar".

Quien así habla fue detenido durante la dictadura y estuvo desaparecido por un tiempo, antes de exiliarse en España. En la hora de la autocrítica, Bielsa es contundente cuando reflexiona sobre un pasado no tan lejano: "La sociedad argentina tiene frente a la violación de los derechos humanos la misma actitud que tendrá dentro de algún tiempo frente a la corrupción. La sociedad argentina fue, por acción u omisión, cómplice de las violaciones de los derechos humanos. Era imposible ignorar lo que estaba pasando. En este país las famosas frases: "Por algo será", "Algo habrá hecho", tienen un antecedente cultural anterior que es "No te metas". Si uno piensa en la democracia como un valor fundado en el coraje civil, Argentina no tiene una buena calidad de democracia, y por eso la preocupación por lo que ocurrió durante la dictadura es minoritaria, porque, en definitiva, la gran mayoría no ignoraba lo que estaba pasando".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 25 de noviembre de 1999