El Gobierno negocia con CiU y CC para dar la vuelta a la Ley de Extranjería en el Senado

El Grupo Popular votará hoy en el pleno del Congreso a favor de la proposición de ley, consensuada entre todos los grupos, que reforma la Ley de Extranjería, pero negocia ya con sus socios nacionalistas para darle la vuelta en el Senado, en línea con las preocupaciones expresadas por los ministerios de Interior y Exteriores. Los populares llevan dos semanas negociando con CiU y, aunque aún no se han sentado con Coalición Canaria, hoy le harán un primer guiño: se abstendrán en las enmiendas de CC, en vez de votar en contra, como hicieron cuando se debatieron en la Comisión Constitucional.

El retraso del Gobierno en plantear sus objeciones a un texto que se ha venido discutiendo durante 18 meses y cuenta con el consenso de todos los grupos, incluido el PP, es el principal reproche que la oposición hace a La Moncloa. Fuentes gubernamentales admiten que el desinterés por el contenido de la proposición se debió al convenciemiento de que no sería aprobada en esta legislatura. La táctica de no oponerse frontalmente, sino dejarlos extinguir en silencio, le ha dado resultado al Gobierno con otros proyectos, como el de regulación de las parejas de hecho o el aplazamiento de la mili para los jóvenes con contrato temporal.Las luces de alarma se encendieron cuando los demás grupos se unieron en la Mesa del Congreso para imponer la tramitación de la reforma por el procedimiento de urgencia, lo que garantizaba su aprobación antes de que se disuelvan las Cortes.

El Gobierno inició hace dos semanas las negociaciones con Convergència i Unió (CiU) para intentar darle la vuelta al texto en el Senado, ante la imposibilidad de hacerlo hoy en el Congreso. Los puntos más polémicos son los referidos al reconocimiento de derechos a todos los inmigrantes residentes en España, y no sólo a los legales; el mecanismo de regularización permanente que permite legalizar su situación a quienes acrediten dos años de permanencia en teritorio español; y la necesidad de justificar la denegación de visados, con la posibilidad que abre de recurrir a los tribunales.

Ni la letra ni la música

Sin embargo, no son éstos los únicos reparos. Fuentes conocedoras de las negociaciones con CiU indicaron que las objeciones son tan numerosas y de tanto calado que sólo cabe concluir que "lo que no le gusta al Gobierno no es la letra de la ley, sino su música". Y la música, a diferencia de la ley vigente, aprobada en 1985, es el reconocimiento de los inmigrantes como titulares de derechos, que no dependen de la voluntad de la Administración.Las negociaciones con CiU, aunque se han producido aproximaciones, no ha culminado aún en un acuerdo global. Primero, porque los nacionalistas catalanes no quieren desvirtuar un texto que responde en parte a una inciativa suya. Y, además, porque no quieren acompañar en solitario al Gobierno en este giro y le han pedido que abra conversaciones con los otros grupos. Ayer mismo, el portavoz del Grupo Popular, Luis de Grandes, se puso en contacto con CC, PNV e IU para comunicarles su deseo de negociar las enmiendas que el PP introducirá en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. El apoyo que le resultará más fácil de obtener es el de Coalición Canaria. De hecho, algunas de las enmiendas que CC defenderá en el pleno de hoy se refieren a los mismos puntos que quiere modificar el Gobierno, por lo que el PP se planteó la posibilidad de apoyarlas, introduciendo sus propios puntos de vista a través de transaccionales. Ello no ha sido posible, sin embargo, por falta de tiempo para cerrar el pacto con CiU, que debería dar también su visto bueno.

Lo que hará hoy el PP, según fuentes de dicho grupo, será abstenerse en la votación de las enmiendas de CC, pese a que las rechazó durante el debate en la Comisión Constitucional, y votar en contra de todas las demás.

El Gobierno confía en consensuar en el Senado los cambios con sus socios catalanes y canarios, a los que intentará sumar a los vascos. De hecho, la nueva Ley de Extranjería se tramitará en paralelo con los Presupuestos del Estado para el año próximo, que ya apoyan CiU y CC y se están negociando con el PNV. Los votos de populares y nacionalistas serían más que suficientes para convalidar los cambios introducidos en el Senado cuando la ley vuelva al Congreso a finales de diciembre, pese a que su carácter orgánico requiera mayoría cualificada.

Mucho más difícil le resultará al Gobierno obtener el respaldo de IU y el Grupo Mixto, que consideran el actual texto como "de mínimos", e incluso el del PSOE. La socialista Matilde Fernández reveló ayer que el ministro del Interior, Jaime Mayor, contactó la semana pasada con su antecesor Juan Alberto Belloch para negociar con la dirección del PSOE. "Nuestro secretario general", agregó, en alusión a Joaquín Almunia, "le transmitió que con quien había que hablar era con el grupo parlamentario", lo que no había sucedido ayer.

La intervención del ministro de Exteriores, Abel Matutes, el martes en el Congreso, donde dijo que el Gobierno no ha podido estudiar la reforma y sugirió aplazarla para no convertir a España "en plataforma de las mafias que se dedican al tráfico de inmigrantes", consiguió suscitar ayer la crítica unánime de la oposición.

Por otra parte, el secretario general de Empleo, Juan Chozas, afirmó en el Congreso que casi 300.000 inmigrantes se han incorporado a la población laboral activa española en los últimos seis años. Los defensores de la nueva ley alegan precisamente que la extensión de la sanidad o la educación a los extranjeros se ve compensada por el hecho de que, como cualquier trabajador legal,pagan sus impuestos.