Los agentes sociales reclaman más fondos presupuestarios para el CES

Sindicatos y patronal pasaron ayer revista al proyecto presupuestario del Gobierno andaluz y coincidieron en un punto: la dotación presupuestaria (306 millones) que contempla la Junta para el recién nacido Consejo Económico y Social (CES) "no garantiza su buen funcionamiento". La CEA, UGT y CCOO lamentaron, en su exposición ante la comisión de Economía del Parlamento andaluz, que no se haya contado con los agentes sociales al decidir la cuantía y distribución de estos fondos.

El presidente de la comisión de Economía de la CEA, Manuel Ángel Martín, demandó a los representantes de los grupos parlamentarios que modifiquen la propuesta de la Junta sobre la financiación del Consejo Económico y Social para "ponerlo en marcha, al menos al 80%". La constitución del CES (demorada durante dos años y medio) fue aprobada por Consejo de Gobierno hace apenas un mes. Los representantes de la patronal quieren que se recoja "una dotación presupuestaria acorde con los objetivos" del CES, "el parlamento de los agentes sociales". Este aspecto también fue resaltado por los ponentes de los sindicatos, si bien Dionisio Valverde (UGT) criticó "cómo se ha distribuido el dinero", mientras Rafael Aljama (CCOO) enfatizó la precariedad de los fondos designados para este primer año.

La enmienda a la dotación presupuestaria del CES no fue la única que propuso el ponente de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Martín arremetió contra el impuesto sobre el juego del bingo (10%) y el recargo sobre la tasa de juego (20%) que la Consejería de Economía quiere aplicar el año que viene para recaudar 9.883 millones más. "Puede ser una medida ineficaz, que produzca el efecto contrario", argumentó el representante de la CEA, quien mantuvo ante los grupos parlamentarios que se puede conseguir la misma recaudación con tipos más reducidos, "que no amenacen la competitividad del sector".

El secretario de relaciones institucionales de CCOO también pidió que se varíe el tipo impositivo de estos nuevos impuestos para reducir la carga fiscal a las empresas más pequeñas. Aljama, al igual que el representante de UGT, valoró el esfuerzo presupuestario en políticas sociales (se llevan cerca de un 54% de los 2,7 billones de gasto), pero reclamó algunas modificaciones en estas áreas: pidió elevar la cuantía del plan de igualdad en las empresas (20 millones), más fondos para el salario social (que cuenta con 3.600 millones) y recordó que la inversión por alumno "aún está por debajo de la media estatal".

Por su parte, el ponente de UGT lamentó que la concertación con empresas privadas para servicios sanitarios y sociales "siga aumentando" y alertó del exceso de dependencia de fondos europeos (cerca del 50%) para proyectos de inversión. Aquí coincidió con el representante de la patronal, quien señaló que, en inversión (la Junta presupuesta 435.000 millones), "existe un déficit de 150.000 millones".