Sudupe supedita la subida de las pensiones a la aprobación del presupuesto de Guipúzcoa

La Diputación de Guipúzcoa pretende ahora vincular la espectacular subida de las pensiones asistenciales (un 87%) y no contributivas (un 23%) que su responsable, el peneuvista Román Sudupe, anunció por sorpresa el pasado 28 de octubre, a la aprobación de los próximos presupuestos forales. Esta maniobra del equipo de gobierno fue ayer duramente criticada por los socialistas, que la tildaron de "electoralista y oportunista" y emplazaron a PNV y EA a aumentar el gasto social al margen de la discusión presupuestaria. Todos los partidos, EH incluida, anunciaron su respaldo a la iniciativa, aunque trataron en todo momento de deslindarla de la aprobación de las cuentas forales.

Sudupe compareció ayer en las Juntas Generales a petición del grupo socialista para explicar "el fondo" del incremento de las prestaciones sociales a los beneficiarios de las pensiones no contributivas y la Lismi (ley de integración social de los minusválidos), que afecta a unas 5.000 personas. El diputado general manifestó que la subida propuesta sólo será posible si se aprueba el texto presupuestario, que incluye una partida de 3.086 millones de pesetas (18,5 millones de euros) para estas ayudas durante el próximo ejercicio."Estoy convencido de que todos [los partidos políticos] harán posible la aplicación de estas ayudas asistenciales aprobando el presupuesto", dijo Sudupe, quien terminó su intervención emplazando a la oposición a "votar en el momento de la votación del presupuesto a favor de las ayudas asistenciales". La posición minoritaria del Ejecutivo foral, con 19 junteros de PNV-EA frente a los 32 que suman EH, PSE-EE y PP, le obliga a encontrar apoyos de alguna de estas fuerzas. El diputado agregó que un presupuesto "no puede ni debe ser de cemento y hormigón, sino para la redistribución de la riqueza y para la justicia social".

Ninguna voz en contra

Todos los partidos, con algunos matices, se declararon abiertamente partidarios de subir las pensiones. La Diputación propone conceder 14 pagas de 46.633 pesetas a los beneficiarios del Fondo de Bienestar Social, de la Lismi y de las pensiones no contributivas, lo que supone un aumento del 87% en los dos primeros casos y de un 22,84% en las últimas. Estos subsidios han permanecido congelados desde 1991.

El portavoz socialista, Guillermo Echenique, fue el más crítico con el Gabinete de Sudupe por entender que se trata de una medida "electoralista y oportunista". Recordó que es contradictoria con la postura que han mantenido PNV y EA en el Parlamento vasco, donde la pasada primavera rechazaron una moción socialista para aumentar las pensiones en los mismos términos que ahora proponen los nacionalistas.

Echenique reprochó la utilización de esta cuestión como "propaganda gratuita", y retó a Sudupe a utilizar "otras fórmulas" para aprobar las ayudas sociales sin necesidad de respaldar las cuentas del año 2000. También le invitó a que traslade al grupo parlamentario del PNV en el Congreso la conveniencia de votar a favor de las enmiendas del PSOE a los Presupuestos del Estado para incrementar las pensiones "de todos los españoles, no sólo de los guipuzcoanos". Con todo, el PSE garantizó su apoyo al incremento de las pensiones y exigió que se aplique con carácter retoractivo desde el 1 de enero de 1999.

Euskal Herritarrok no opuso ninguna crítica a la medida social; sólo la juzgó "insuficiente". De la intervención de su portavoz, Karmele Aierbe, no se pudo deducir qué postura adoptará la formación abertzale en el debate presupuestario. José Luis Arrúe, del PP, censuró la falta de coordinación con las otras dos diputaciones y avisó de un posible "exceso competencial" si se aprueba la subida. El Gobierno central ya anunció su intención de recurrirla ante el Tribunal Constitucional, aunque la Diputación eludirá este trámite justificando el incremento como una ayuda asistencial con cargo a los presupuestos forales.

El debate sobre la subida de las pensiones no contributivas, que inició Guipúzcoa a finales de octubre, se ha extendido a todo el ámbito del País Vasco, por lo que el Gobierno de Vitoria ha recomendado a las tres diputaciones que unifiquen los criterios. El Departamento de Trabajo, Justicia y Seguridad Social ya ha anunciado su intención de igualar la cuantía de las pensiones no contributivas por jubilación al salario social para que sus perceptores puedan cobrar al menos 46.000 pesetas mensuales.