El juicio del 'caso Lasa-Zabala' comenzará el 13 de diciembre

El inicio del juicio por el secuestro, la tortura y el asesinato, en 1983, de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala ha sido fijado por la Audiencia Nacional para el próximo 13 de diciembre. En una resolución contra la que no cabe recurso, el tribunal rechaza una serie de pruebas pedidas por las partes y reduce el número de testigos a un centenar. La Audiencia ha centrado el objeto de la vista y dejado fuera a testigos de carácter político y periodistas, así como la investigación del patrimonio de los procesados.

El tribunal tiene la intención de fijar el mismo día del inicio del juicio, el 13 de diciembre, el calendario de las sesiones y la citación de los testigos y los peritos.También decidirá en ese momento el orden en el que declararán los procesados: Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil, y Julen Elgorriaga, ex gobernador civil de Guipúzcoa, para quienes el fiscal pide 92 años de cárcel por pertenencia a banda armada, detención ilegal y asesinato; el sargento Enrique Dorado y el ex cabo Felipe Bayo, los presuntos autores materiales del doble crimen, para los que solicita 90; el comandante Ángel Vaquero, como inductor, otros 90, y Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y Jorge Argote, abogado vinculado al Ministerio del Interior en aquella época, para los que sólo reclama dos por encubrimiento.

El fiscal pidió que el primer interrogado fuera Elgorriaga y que le siguiera Rodríguez Galindo, Vaquero, Dorado y Bayo. Para el final quedarían Vera y Argote. Por contra, la defensa de los acusados solicitó que el primero fuese Bayo y se continuara según el orden jerárquico, pero de inferior a superior.

La cuestión no es baladí, puesto que Bayo, tras varios años de prisión preventiva y molesto por entender que sus jefes le habían dejado en la estacada tratando de salvarse ellos, cambió su declaración inicial y confesó que había visto a José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en el Palacio de La Cumbre, de San Sebastián, donde, según dijo, estuvo custodiándoles por orden de sus superiores. No obstante, negó que hubiera tenido intervención alguna en su secuestro, tortura o posterior asesinato.

El de Bayo es, pues, el único testimonio directo respecto a haber visto a los dos supuestos etarras en España con posterioridad a su desaparición en el sur de Francia el 23 de octubre de 1983.

Por tanto, al fiscal le interesa que Bayo declare el último en relación con los delitos de detención ilegal, asesinato y tortura, puesto que es considerado el eslabón más débil y su testimonio podría ser crucial. La defensa de los otros procesados, por idénticos motivos, quiere que Bayo declare el primero.

Según el teniente fiscal, Jesús Santos, la vista tendrá una duración aproximada de dos meses. El tribunal ha reducido el número de testigos a un centenar, de los que el fiscal ha solicitado 74. Entre ellos figuran los ex ministros José Luis Corcuera y Julián García Vargas; Luis Alonso Manglano, ex director del Cesid; Juan Alberto Perote, ex agente del mismo organismo; Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado; Luis Roldán, ex director de la Guardia Civil, y Margarita Robles, ex secretaria de Estado de Interior.

También han sido citados varios testigos protegidos y los guardias civiles del servicio de información del cuartel de Intxaurrondo, de San Sebastián.

En cambio, han quedado fuera muchos más, algunos de los cuales ya declararon durante la fase de instrucción, como los también ex ministros José Barrionuevo y Narcís Serra; Ferran Cardenal, ex director de la Guardia Civil, o el general Andrés Casinello, porque no parece que puedan aportar datos relevantes.

También han sido excluidos los jueces o fiscales que han intervenido en la causa, como el ya ex magistrado Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación continuada en la instrucción del caso Sogecable; José Aranda o Ignacio Gordillo, por entender que sólo tienen valor sus informes o resoluciones tal y como consten en las actuaciones.

Asimismo, se ha dejado al margen del proceso las investigaciones relativas al patrimonio de los acusados por no ser objeto del procedimiento.