Los sindicatos de funcionarios ofrecen convocar la mesa de negociación si Castellano elude su responsabilidad

Los sindicatos que representan a los empleados de la Administración autonómica se ofrecieron ayer para convocar la mesa de negociación que debe pactar el convenio de los funcionarios a partir del próximo martes si Serafín Castellano, consejero de Justicia y Adminsitración Pública, persiste en su actitud "irresponsable" y elude la cita con los representantes de los trabajadores.Representantes de CC OO, UGT, STEPV y CSIF se reunieron ayer para plantear sus reivindicaciones de forma conjunta e instar a la inmediata convocatoria de la mesa de negociación. El Cemsatse hizo llegar un comunicado en el que expresó su acuerdo con la posición común del resto de sindicatos.

Las reivindicaciones laborales de los empleados públicos deben recogerse en los presupuestos de la Generalitat. El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos termina el próximo 30 de noviembre. Lo habitual es negociar las subidas salariales con los representantes sindicales antes de elaborar el proyecto de presupuestos, pero la Generalitat se ha limitado a fijar una subida salarial del 2% para todos los funcionarios de acuerdo con el IPC previsto para el año 2000 por el Gobierno central.

Fuentes de la Consejería de Administración Pública replicaron a la oferta de los sindicatos con la garantía de que la mesa de negociación se convocará antes del 30 de noviembre. Pero rechazaron la posibilidad de reunir la mesa el próximo lunes sólo porque lo exijan los representantes sindicales. Las mismas fuentes aseguran que la legislación permite a los sindicatos instar la convocatoria de las negociaciones, pero rechazan que tengan facultad efectiva para reunir la mesa.

Representantes de los cuatro sindicatos presentaron sus reivindicaciones comunes de forma genérica, pendientes de matizar los detalles a lo largo de esta semana. En síntesis, los representantes de los funcionarios exigen recuperar el poder adquisitivo perdido a lo largo de años por las sucesivas congelaciones salariales y el desvío en las previsiones del IPC; diseñar la oferta de empleo público para el año 2000; reducir la eventualidad en la Administración, que afecta a un tercio de los empleados públicos; y negociar fondos adicionales y una dotación para ayuda social.