La oposición y el Proyecto Varela
Osvaldo Payá tiene un plan. Poner a Castro, inverosímilmente, contra las cuerdas de sus propias leyes. Para ello ha concebido el Proyecto Varela, que toma su nombre de un histórico sacerdote cubano. Se trata de recoger firmas para, de acuerdo con la Constitución, hacer que se cumplan todas las leyes que amparan el derecho a la libertad de expresión y actuación. Payá, que se engolosina con una aritmética de dudosa homologación contable, calcula que hay de 4.000 a 5.000 disidentes activos en Cuba, aunque seguramente cuenta también a los agentes infiltrados de la seguridad del Estado, así como que la práctica totalidad de los que no votan en las elecciones, lo hacen en blanco, o ven anulado por alguna razón su sufragio, son firmantes en potencia de sus peticiones de amparo constitucional. Es posible que en esta década la abstención electoral haya superado en algunas ocasiones el 10%, lo que supondría cientos de miles de personas por persuadir, pero todo ello sin periódico, sin radios, a lo sumo con las hojas parroquiales para tanto proselitismo. Con 10.000 firmas, vaticina, sin embargo, que puede poner en marcha su proyecto. "No somos ilegales y no actuaremos como ilegales. El que es ilegal es el Gobierno". Habla usted Payá, como si le faltara sólo un clic para echarle un pulso al poder. "¡Eso¡", exclama, y el rostro se le inunda de felicidad.
