Vivienda financiará la construcción de 14.000 pisos protegidos durante los próximos cuatro años

El nuevo Plan Director de Vivienda prevé la construcción de 14.000 pisos de protección oficial durante los próximos cuatro años (2000-2003), lo que supone dos mil más que durante el periodo 1996-1999, en el que ha estado vigente el anterior plan. El documento, que potenciará la edificación de viviendas sociales destinadas a las familias con menor poder adquisitivo, también pretende atajar la escasez de pisos en régimen de alquiler que sufre el País Vasco, ya que al menos 1.200 de las viviendas previstas hasta el año 2002 serán arrendadas.

El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente, Patxi Ormazabal, explicó ayer ante la comisión de Economía del Parlamento cómo piensa gastar su departamento el presupuesto que le ha asignado el Gobierno para el año próximo. Las cuentas ascienden a 31.243 millones de pesetas contando las sociedades públicas que tiene a su cargo. Para las políticas relacionadas con vivienda exclusivamente -que van desde las ayudas a fondo perdido para la adquisición de un piso a la compra de suelo para edificar- la consejería prevé un gasto de 26.750 millones de pesetas (el 85,6 %). Las 14.000 viviendas que financiará el departamento desde el año 2000 hasta el 2003 se reparten en 3.500 cada ejercicio. Según el nuevo plan, el año próximo se iniciará la construcción de 1.450 pisos sociales. Así, si se mantiene este ritmo de construcción, al final del cuatrienio 5.800 de los 14.000 pisos financiados por el Ejecutivo (el 41% del total) serán para los ciudadanos con menos ingresos. Y entre los pisos sociales, 1.200 se destinarán a alquiler.

Las otras 8.200 residencias previstas en el Plan Director serán concertadas de protección oficial y su precio oscilará entre los doce y los quince millones.

A lo largo de cada año se ponen en el mercado una media de 16.000 viviendas. Una parte es financiada por el Gobierno y los ayuntamientos (las de protección oficial) y otra parte son construidas por la iniciativa privada o de segunda mano, que son las que salen al mercado libre. Sin embargo, esta cifra resulta del todo insuficiente para satisfacer las demandas de la población, que casi triplica esa oferta.

Una de las causas del déficit de la oferta de viviendas y de sus elevados precios (seis ciudades del País Vasco están entre las diez urbes españolas con precios más caros para las viviendas nuevas) es la carencia de suelo. "Uno de los objetivos estratégicos del departamento es garantizar la disponibilidad de suelo a precios asequibles para la construcción de viviendas protegidas", dijo Ormazabal.

Ayudas a 8.000 familias

Los objetivos para el año próximo consisten en aumentar la bolsa de la que ya dispone el Gobierno con nuevo suelo para 3.300 viviendas que empezarán a construir después de 2000.

Una sociedad pública dependediente del departamento se encargará de conseguir solares para la promoción residencial pública. Las diputaciones, los ayuntamientos, las entidades financieras estarán representadas en esta empresa.

El plan de ayudas a las familias para la adquisición de una vivienda o para su rehabilitación es otro de los capítulos destacados del presupuesto. Más de 8.000 familias recibirán apoyo. Las subvenciones a fondo perdido (una de las novedades de la política de Vivienda) se elevarán hasta 2.379 millones. El coste previsto por subsidios de puntos de interés de los préstamos a formalizar en el año 2000 asciende a 3.083 millones. Además, Vivienda destinará otros 1.817 millones a abonar subsidios por préstamos ya formalizados en años anteriores.

Otras actuaciones complementarias serán la intensificación del control sobre las transmisiones de las viviendas de protección oficial entre particulares para evitar que se especule con los pisos que se han construido "con el dinero de todos los ciudadanos de Euskadi", indicó el consejero. El departamento ha expropiado un total de 155 pisos protegidos desde 1988 porque sus dueños pretendían vender las viviendas por encima del precio estipulado en las escrituras.

Por otra parte, Ormazabal también adelantó los planes en el apartado de Medio Ambiente, al que el Gobierno destinará 4.653 millones de pesetas, que se incrementan en 1.200 millones más si se tiene en cuenta la actuación de la sociedad Ihobe.

Esta empresa pública tiene previsto seguir actuando el próximo año fundamentalmente contra la contaminación por los residuos originados por el uso del pesticida lindane. Este tipo de trabajos se concentran sobre todo en el territorio de Vizcaya, en la celda de seguridad de Barakaldo.