Triginer y el ex alcalde socialista de Esplugues estaban en nómina de la constructora AGT

Josep Maria Triginer, uno de los fundadores del PSC, y el ex alcalde de Esplugues de Llobregat Antoni Pérez Garzón estaban en nómina de la constructora AGT, propiedad del ex diputado del PSC Lluís García Sáez y que presentó suspensión de pagos en septiembre. Según la documentación de la tesorería general de la Seguridad Social, ambos percibían una nómina de 399.780 pesetas mensuales como trabajadores de AGT, un grupo de empresas que resultó adjudicataria en numerosos concursos de obras en municipios gobernados, en su mayoría, por el PSC.

Los trabajadores del grupo AGT han sabido, tras la suspensión de pagos, que en la nómina de la firma, que se dedicaba a la construcción -AGT Construcciones y Obras-, tenían como compañeros de trabajo a destacados miembros del PSC a los que no habían visto nunca, según explicaron ayer a este periódico varios trabajadores. Se trata de Josep Maria Triginer, fundador del PSC, y Antoni Pérez Garzón, que fue alcalde de Esplugues hasta abril de 1998, cuando presentó la dimisión tras ser condenado por un delito de prevaricación por conceder irregularmente una licencia a una empresa de la que su hijo era accionista.En cuanto a su relación laboral con AGT, Pérez Garzón manifestó ayer a este periódico: "Yo hacía lo que me mandaban. No tenía un horario específico laboral y me marcaban los objetivos, en general por teléfono. Casi nunca iba a la sede de la empresa y mi trabajo tampoco se hacía en una mesa", dijo sin precisar más en qué consistían las tareas que venía realizando desde hace un año.

Josep Maria Triginer manifestó ayer a este periódico que trabaja en AGT desde hace un año y que sigue en nómina. Explicó que, como ingeniero que es, hacía informes medioambientales porque Lluís García Sáez quería ampliar la actividad de la empresa a ese campo. "Aunque formalmente estaba en nómina en esa empresa, yo trabajaba para Lluís García. Por eso no iba regularmente a las oficinas". Triginer aseguró que sigue perteneciendo a la plantilla de la empresa, aunque precisó: "Como no hago nada desde la suspensión de pagos, no me siento moralmente forzado a reclamar dinero".

A quien sí veían los trabajadores de AGT en las oficinas del pasaje de Méndez Vigo, de Barcelona, con cierta asiduidad era a Joan Arumí Padró y al periodista Enric Sierra, administrador y director, respectivamente, del Diari de Mataró, un rotativo de ideología convergente que dejó de salir a la calle cinco días antes de que AGT presentara suspensión de pagos. El cierre del rotativo ha supuesto el paro para una veintena de trabajadores. Tanto Arumí como Sierra negaron a este periódico tener nada que ver con AGT.

El proceso previo a la suspensión de pagos de AGT no fue ni siquiera intuido por los trabajadores de la firma AGT Construcción de Espacios Verdes: "Se decía que la constructora tenía problemas, pero la nuestra iba bien. En 1997 cerró con un beneficio de 11 millones de pesetas y de algo más de 30 millones el año pasado. Por eso, nos quedamos de piedra cuando el lunes 27 de septiembre nos encontramos en la empresa el letrero de que había presentado suspensión de pagos. Las oficinas estaban cerradas y enseguida nos pusimos en contacto con un abogado", explicaba ayer uno de los trabajadores afectados por la suspensión de pagos de AGT. En total, son cerca de 300 trabajadores los que se quedaron en la calle de la noche a la mañana.

Un mes después, su situación sigue sin clarificarse, más bien todo lo contrario. Los trabajadores iban a las oficinas y éstas permanecían cerradas, aunque a veces veín luces abiertas desde el exterior. Tuvieron conocimiento de que se estaba negociando la venta de la empresa a un tercero, Joan Pujol Maspons, y el 20 de octubre pasado fueron convocados por el ex diputado socialista García Sáez a las cinco de la tarde.

En esa reunión se comunicó a los trabajadores que continuarían en la empresa y se les aseguró que se les pagaría la nómina de octubre -la de septiembre la cobraron antes de la suspensión-. Pocos días después empezaron a recibir cartas indicándoles que se incorporasen al trabajo, lo que hicieron. En las oficinas echaron a faltar documentación. Cada día van a las oficinas, pero no tienen nada que hacer ni nadie les dice si tienen que trabajar o no.