¿Es social nuestro modelo educativo?

Año tras año se repite la misma ceremonia: los representantes de la enseñanza privada no concertada aguardamos esperanzados a que un Gobierno que se autotitula liberal haga honor a sus ideas y a lo razonable de nuestras propuestas y proceda a incluir en la Ley de Presupuestos, instrumento básico de la política económica, alguna medida, siquiera un guiño, de apoyo a la educación privada y al principio constitucional que consagra el derecho a elegir el tipo de enseñanza que se prefiera.Año tras año esperamos que alguna de nuestras sugerencias para evitar que quienes ejercen su derecho a elegir tengan que pagar dos veces por el mismo servicio educativo (una, a través de los impuestos; la otra, a instituciones privadas) se vea reflejada en la política presupuestaria o en la fiscal, bien a través de deducciones al gasto de las familias en la educación libre, bien a través de fórmulas activas de cheque o bono escolar.

Año tras año confiamos en la sensibilidad del Gobierno popular ante problemas como el descenso de la natalidad, el empobrecimiento de las ofertas educativas o la imparable estatalización de un sector que todos consideramos crucial para el futuro de España.

Y año tras año se produce la misma decepción: una ausencia total de medidas, por simbólicas que sean, en apoyo de la educación libre, ni siquiera en momentos en que el Gobierno presume del carácter "social" de sus Presupuestos y del incremento de los recursos destinados a la formación.

El problema es que cada año el margen se reduce, porque venimos asistiendo a una paulatina pero efectiva nacionalización de la educación libre y privada. Cada ejercicio aumenta el porcentaje de alumnos escolarizados por centros públicos y concertados y disminuye el de estudiantes en centros privados.

Cada año, muchas instituciones educativas antes autosuficientes piden el concierto y se cuelgan del gasto público. De escolarizar más del 70% de los alumnos de enseñanza media hace veinte años, el sector privado ha pasado a escolarizar menos del 30%.

Lo más grave es que quienes han pagado este proceso no han sido tanto los colegios antes privados (estoy seguro de que muchos propietarios se sienten felices bajo el manto protector del concierto, por mucho que hayan perdido su libertad de decisión), sino las familias que día a día ven cómo se reduce la riqueza y variedad de la oferta educativa y están abocadas o bien a utilizar los centros públicos o bien a realizar onerosos gastos para satisfacer su derecho a elegir el tipo de educación.

¿Acaso son desmesuradas nuestras propuestas? ¿Son poco "sociales", contraviniendo el espíritu de los Presupuestos de este año?

Estudiémoslas:

Pedimos, por ejemplo, que el gasto educativo de las familias en centros privados no concertados sea fiscalmente deducible, lo que haría más llevadera su financiación. Y nos basamos en que aquellos que llevan a sus hijos a estos colegios dejan de ocupar plazas en centros sostenidos con fondos públicos, con un ahorro que es mucho mayor para el Estado que el gasto fiscal que esto le representa.

Pedimos, como posible alternativa, que el Estado ponga en una especie de "bono" una parte de su ahorro al no tener que ocuparse de la docencia de esos niños, y que ese bono sea entregado a las familias para que puedan costear en un centro privado la educación por ellos elegida.

O sugerimos que se fomente la natalidad, hoy tan baja y futuro grave problema de la sociedad española, incrementando la deducibilidad de los gastos en cuidado de los hijos, lo que a su vez permitiría que muchas mujeres se incorporaran al mercado de trabajo sin por ello renunciar a la maternidad, o pedimos, en otra dimensión, que se respete la educación privada y se reconozca nuestra función en el sistema educativo.

Dado todo lo anterior, cabe preguntarse si ha sido "social" el tratamiento presupuestario que este año ha recibido nuestro sistema docente:

El primer error consiste en identificar "público" con "social", lo que deja fuera a nuestros centros de cualquier política que quiera tener este referente. A nuestro juicio, nada hay menos "social" que el modelo educativo actual, que solamente otorga libertad de elegir educación a aquellos que puedan pagarla dos veces.

Nada hay menos "social" que una oferta educativa unidimensional y empobrecida, que estratifica a los alumnos por niveles económicos y los zonifica por criterios tan discutibles como el de proximidad al domicilio.

Nada hay menos "social" que impedir el aporte creativo de la iniciativa privada en el sector de la enseñanza, y no hay nada menos "social", en fin, que perpetuar la creciente insatisfacción que el sistema produce en los estudiantes y en sus familias.

Aun demostrando que estas medidas podían suponer un ahorro para el Estado, en años anteriores se nos despachaba con un argumento de peso: no había dinero para incurrir en nuevos gastos fiscales, o para política de apoyo a la enseñanza libre. Esto dejaba la puerta abierta a retomar el asunto cuando hubiera ese dinero, ya que no parecía ser un problema de concepto, sino de medios.

Sin embargo, este año sí ha habido, al parecer, dinero presupuestario para muchas más acciones, entre otras cosas, porque la reducción de impuestos y el incremento de las deducciones han producido ¡mayor recaudación fiscal!, como ya venían asegurando los economistas más reputados desde hace muchos años.

En el presente ejercicio no se ha tratado, pues, de medios, sino de imagen. Si cierta medida no produce una imagen "social", simplemente no se adopta, aunque en su fuero interno los políticos que nos gobiernan estén convencidos de su eficacia.

¿Y las ideas, y el programa político, y la filosofía que debe inspirar toda acción de gobierno?

Si todo se sacrifica al posibilismo, o a un electoralismo de corto recorrido, tiene sus días contados cualquier partido político que se vacíe de ideas y postulados.

Sacrificar el concepto de educación en libertad, constitucionalmente consagrado, a un seudoprogresismo que identifica "lo público" con "lo social" es una falacia que acaba, en nuestro sector, en una educación unidimensional y rutinizada, cada vez más en manos del Estado.

Negar recursos para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a elegir educación supone a la larga un coste mucho mayor en centros públicos y en su correspondiente profesorado, centros y personal que pueden quedar excedentes en el corto plazo, dada la baja natalidad.

Sin embargo, contrasta la actitud de los centros privados no concertados, ya que durante los últimos años están realizando encomiables esfuerzos económicos para incrementar su calidad y continuar manteniendo su hegemonía pedagógica y vanguardista.

Mientras esto sucede, cientos de miles de familias españolas siguen perdiendo la oportunidad de elegir, si lo creen conveniente, esta educación para sus hijos.

Y por fin, aunque quizá es lo más importante, los alumnos se ven abocados a una enseñanza insatisfactoria, que no se rige por el enriquecedor principio de competencia entre centros, y que por ello no prepara a las nuevas generaciones para esa competencia que les será exigida en el mundo del futuro.

La educación libre disminuye año tras año su papel en nuestra sociedad y su función dinamizadora del mundo de la enseñanza. Está claro que si éste es un proceso negativo para la iniciativa privada, lo es más aún para los estudiantes y las familias. Al Estado y sus gestores corresponde tomar conciencia del problema. En lo referido a los Presupuestos del año 2000, es evidente que han preferido ignorarlo.