Las diputaciones recelan de Álava por su "urgencia" con los planes de pensiones

Las diputaciones de Vizcaya y Guipúzcoa y el Gobierno vasco respondieron con reservas a la propuesta llevada ayer por Álava al Órgano de Coordinación Tributaria (OCT) con el fin de permitir que aumenten las aportaciones a los fondos de pensiones, conocidos en el País Vasco como EPSV (Entidades de Previsión Social Voluntaria). Tras la reunión, las diputaciones y el Gobierno se mostraron partidarios de esperar hasta el año próximo para aplicar el cambio -en caso de que así se decida-, en vez de tomar la decisión cuanto antes para poderla utilizar durante este ejercicio con efectos retroactivos al 1 de enero, según proponía la Diputación alavesa."La mayoría habla del 2000 y aplicarlo al inicio del año fiscal", explicó un portavoz del Gobierno vasco. Alguna de las diputaciones matizó aún más contestando a los proponentes: "No entendemos la urgencia de Álava".

La Administración gobernada por el popular Ramón Rabanera proponía adaptar a la normativa vasca un real decreto emitido por el Gobierno central el pasado 15 de octubre que significa subir el límite de aportación a los planes de pensiones. Hasta ahora, quienes tienen contratados este tipo de fondos no podían ingresar cada año más de 1,1 millones de pesetas, y siempre con la condición de que no supere el 20% de sus ingresos. Con la nueva norma del Ministerio de Hacienda, se favorece a las personas mayores de 52 años porque pueden subir, según una escala progresiva, hasta los 2,2 millones de pesetas. No obstante, el tope se mantiene en el 20% de todos sus ingresos.

La Diputación de Álava apuesta por aplicarlo este año porque entiende que la mayor parte de los contribuyentes aportan sus fondos a finales de año y, por tanto, no habría inconveniente en efectuar el cambio ahora con consecuencias retroactivas.

Número escaso

Durante el debate se produjeron "posturas no concordantes", según admitió un portavoz del Gobierno vasco, y no se adoptó ninguna postura definitiva. Quedó, por tanto, sobre la mesa para la próxima reunión del órgano de coordinación y a la espera de conseguir un consenso entre todas las administraciones. Además, aún queda pendiente un estudio encargado por la propia Diputación de Álava para evaluar las consecuencias que supondría para la Administración adoptar esta medida. En principio, según los primeros cálculos, el cambio se ajusta a un número no muy amplio de contribuyentes.

Las otras instituciones se limitaron a anunciar que estudiarán la propuesta de Álava, sin aclarar su postura concreta. Eso sí, la iniciativa alavesa chocó claramente en una cuestión: los demás miembros del órgano entienden que resultaría precipitado aplicar los cambios de inmediato, porque "plantea problemas" y porque llevaría a la "descolocación de los contribuyentes", argumentaron fuentes que conocían lo tratado en la reunión.