Los dueños de los bares del barrio de Gràcia piden que se retrase el horario de cierre

Los propietarios de bares situados en las cinco plazas más populares del barcelonés barrio de Gràcia vuelven a estar a la greña con el Ayuntamiento. El motivo son los horarios de cierre decretados por las autoridades municipales el 15 de octubre de 1998, que obligan a bajar la persiana a medianoche en invierno y a la una de la madrugada en verano. El colectivo presentó ayer en la sede del distrito 5.000 firmas que apoyan la petición de que se retire el decreto y se negocie una solución que satisfaga tanto a las personas que desean descansar como a las que acuden a Gràcia a divertirse. Los titulares de estos negocios afirman sentirse discriminados respecto a los de otros puntos de la ciudad, tales como el Maremàgnum, la Villa Olímpica y la plaza del Pi. Como ejemplo de la presión que sufren, señalan que en los últimos cuatro meses se han impuesto 400 multas a los bares de las plazas de Gràcia por retrasar la hora de cierre o por tener más de las ocho mesas permitidas en la calle.

Carles Angosto, portavoz del colectivo, reivindica más flexibilidad para establecer los horarios en una ciudad mediterránea como Barcelona, donde la mayor parte del año apetece sentarse en las terrazas de los bares. Las plazas donde resulta complicado compaginar el ocio y el descanso son la del Sol, la Virreina, Rius i Taulet, la Revolució y Rovira i Trias. Angosto reconoce que los vecinos también necesitan descansar, pero está convencido de que dialogando y cediendo todos un poco es posible llegar a un acuerdo. Los propietarios de bares no quieren que la entrega de firmas se interprete como un gesto hostil hacia el recién nombrado concejal del distrito, Ferran Mascarell, con quien todavía no han hablado.

Los empresarios pretenden que se acabe cuanto antes el silencio administrativo y que cese el torrente de multas -llevan un promedio de dos diarias los fines de semana- hasta que se resuelvan la veintena de recursos que han presentado, la mitad relacionados con la concesión de licencias y el resto contra el polémico decreto del 15 de octubre. La postura municipal se ha endurecido en los últimos meses, sin que ello signifique, en opinión de los propietarios de bares, que las quejas de los vecinos hayan aumentado.