Guipúzcoa juzga "insuficiente" el presupuesto vasco para carreteras. Guipúzcoa pide 30.000 millones a Madrid y Vitoria para la A-1
El diputado guipuzcoano de Carreteras y Transportes, Antton Jaime (EA), considera "insuficientes" los 5.000 millones de pesetas (30 millones de euros) que el Gobierno vasco aportará a las tres diputaciones el año próximo para la financiación de carreteras, según recoge el anteproyecto de Presupuestos entregado esta semana al Parlamento de Vitoria. Para reflejar la insignificancia de esta asignación, Jaime puso como dato de que construir de un kilómetro de la Éibar-Vitoria (A-1) cuesta 2.000 millones de pesetas.El responsable de la política de obras públicas de Guipúzcoa volvió a reclamar la implicación económica del Ejecutivo vasco en la financiación de las infraestructuras viarias, como la autopista Éibar-Vitoria. La Diputación precisa 30.000 millones de pesetas (180,3 millones de euros) procedentes de Vitoria y Madrid para hacer su tramo, según Jaime. A su juicio, la participación de estas dos administraciones en la A-1 es "exigible por razones de solidaridad interterritorial". Esta carretera precisa de una inversión de unos 85.000 millones de pesetas (510,8 millones de euros) para la Hacienda guipuzcoana y, junto al segundo cinturón de la A-8 que circunvalará San Sebastián, es el proyecto estrella de este mandato.
La Diputación de Guipúzcoa insiste en que la construcción de la Éibar-Vitoria (A-1) requiere de la involucración de los gobiernos central y vasco para hacer frente a los 85.000 millones de pesetas que cuesta el tramo guipuzcoano -31,9 kilómetros sobre un total de 46,2-. El Ejecutivo foral tiene previsto destinar unos 27.000 millones de pesetas de sus propios recursos y obtener otros 30.000 millones de pesetas mediante la implantación de un peaje blando, a razón de 10 pesetas por kilómetro.
Con estas cuentas, el diputado Antton Jaime afirmó ayer que el Gobierno central y el vasco deben participar con una cantidad aproximada de 30.000 millones de pesetas en la finanaciación de esta autopista, cuya construcción comenzó entre Soraluze y Éibar el pasado 28 de mayo, poco antes de las elecciones municipales y forales, y puede estar completada hasta la muga con Álava en el 2004.
El titular de Carreteras en Guipúzcoa expuso en las Juntas Generales las líneas básicas de actuación de su departamento durante este cuatrienio, que tendrá como proyectos más relevantes la citada A-1, la finalización del desdoblamiento de Etxegarate en la N-I, la construcción del segundo cinturón de San Sebastián en la A-8, la ejecución del eje Beasain-Durango y la autovía del Urumea entre Hernani y la capital.
"El peaje es necesario"
La inversión total en Guipúzcoa, de acuerdo con las exigencias del Plan General de Carreteras, con una vigencia de 12 años (hasta el 2010), es de 215.540 millones de pesetas (1.295 millones de euros), según Jaime, quien con ello justificó que "en algunos casos será preciso recurrir al peaje para financiar" estas obras.
Durante esta legislatura, la Diputación destinará de sus fondos 70.000 millones de pesetas (420,7 millones de euros) para construir carreteras y otros 15.000 millones (90 millones de euros) para su conservación.
Respecto a la Bilbao-Behobia (A-8), Jaime señaló que no experimentará ningún cambio hasta junio del 2003, fecha en la que vence la concesión de la explotación a una empresa privada. Hasta entonces, pese a que la titularidad de esta carretera se transferirá en breve a las diputaciones, se continuará con la "política de subvenciones" a los usuarios habituales, manteniendo el llamado peaje social.
A partir del 2003 el coste de la tarifa se reducirá a seis o siete pesetas por kilómetro para vehículos ligeros, lo que supone un descuento del 70% respecto al precio vigente hoy. Estas cantidades son "suficientes", dijo Jaime, para hacer frente al mantenimiento de esta autopista. El diputado de Carreteras reiteró que "no se pretende destinar parte de los recursos procedentes del peaje a la financiación de la Éibar-Vitoria, cuya coste se sufragará con "las aportaciones del Gobierno vasco, del Estado, de las diputacioens guipuzcoana y alavesa y de los recursos obtenidos de su peaje".
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