El Gobierno se mueve detrás de los bastidores de la justicia

El juez chileno Juan Guzmán explicó hace pocos días a los nueve abogados querellantes contra el general Augusto Pinochet que estaba considerando la posibilidad de pedir el desafuero del senador con vistas a solicitar su extradición, si, como ha ocurrido, el ex dictador se negaba a responder las preguntas enviadas a Londres.La reacción de los letrados fue negativa. Según dijeron, la investigación de la querella de la caravana de la muerte -en la que desaparecieron 72 personas- no está profundizada ni existen indicios contra el ex dictador, más allá del cargo de encubridor. Habría, por tanto, dificultades para procesar -declararle reo- a Pinochet tras conseguir el desafuero, un paso previsto por la ley antes de solicitar la extradición.

Guzmán replicó que no era necesario procesarle, que una vez obtenido el desafuero se podía pedir la extradición. Y agregó que muchísima gente importante piensa en Chile que sería bueno lograr el regreso del ex dictador para juzgarle. Asimismo, anticipó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso podía conceder el desafuero. Sin embargo, los letrados insisten en que el procesamiento es ineludible para pedir la extradición a Londres.

Algo se está cociendo. Quien anunció el martes que Pinochet había contestado el exhorto del juez fue el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Gabriel Valdés, y no el presidente de la Corte Suprema. Y fue Valdés quién se quejó hace pocos días por la lentitud con que la justicia británica tramitó las preguntas. Quizá el próximo lunes, Guzmán aclare, en una reunión prevista con los abogados, su posición.

La impresión es que Guzmán refleja una sensación esparcida, incluso entre los abogados de Pinochet en Santiago, de que una petición de extradición a Chile por el delito de encubrimiento puede ser una baza in extremis para evitar su entrega a España. Pero su éxito depende del ministro británico Jack Straw, quien tendrá la última palabra sobre Pinochet.