La oposición considera que los presupuestos para el 2000 son irreales, privatizadores y fraudulentos

Los presupuestos de la Generalitat para el año 2000 constituyen "un fraude", según el PSPV, y son "irreales y privatizadores", desde la perspectiva de Esquerra Unida. Los dos grupos de la oposición parlamentaria formalizaron ayer sendas enmiendas a la totalidad al proyecto de ley entregado en las Cortes Valencianas el pasado viernes. Los socialistas alertaron sobre la "quiebra técnica" que amenaza a las arcas de la Generalitat mientras que Esquerra Unida puso el acento en el desproporcionado aumento de las partidas destinadas a la "proyección" de Eduardo Zaplana.

Antonio Moreno, portavoz socialista, señaló que los niveles de endeudamiento autorizado para las instituciones públicas acercan a las arcas de la Generalitat a "la bancarrota". Moreno recordó que la deuda pública actual asciende a 600.000 millones y alertó sobre la capacidad de endeudamiento de Ràdio Televisió Valenciana, que cifró en 30.000 millones.Pero el portavoz socialista incidió en la condición fraudulenta del proyecto. Moreno recordó que a lo largo de los dos últimos años se han quedado en el tintero inversiones por un total superior a los 100.000 millones.

Los socialistas también señalaron que los presupuestos "incumplen gravemente" diversos acuerdos parlamentarios puesto que no dotan de contenido económico leyes aprobadas por las Cortes, como las de patrimonio, municipios turísticos o residuos. El proyecto tampoco prevé la creación del fondo de cooperación municipal, previsto como desarrollo del pacto local.

El aumento de las partidas destinadas a conciertos con instituciones privadas en los ámbitos de Sanidad y Educación y la paralela reducción de las inversiones reales en las mismas áreas, responde a un decidido interés por "intentar deteriorar los sistemas públicos de educación, sanidad y servicios sociales". Como botones de muestra, Moreno comentó que "no aparecen los 30.000 millones de pesetas anunciados para la remodelación del hospital La Fe" de Valencia, mientras que la reforma del Clínico de Alicante "se ha retrasado hasta el 2002". En la misma dirección, Moreno denunció que "no se construyen residencias para la tercera edad" para "liquidar" el sistema público y "desviar ancianos a centros privados".

La congelación de los presupuestos del Instituto Valenciano de la Exportación y del Instituto de la Pequeña y Mediana Empresa demuestran, según Moreno, la "falta de interés" de la Generalitat por incentivar el tejido productivo de la Comunidad Valenciana.

Cristina Moreno, portavoz adjunta del PSPV, denunció la falacia de la congelación de la presión impositiva anunciada por el responsable de Hacienda, que choca frontalmente con la revisión al alza de diversas tasas que en algunos casos se han duplicado.

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Joan Antoni Oltra, de Esquerra Unida, no le fue a la zaga al portavoz socialista. Oltra rechazó la vertiente social de los presupuestos para destacar su condición de "propagandísticos". El portavoz de la coalición de izquierdas recordó que los gastos de personal "crecen más del doble que las inversiones" y que los altos cargos aumentan más del 14%.

Oltra señaló específicamente al departamento de Presidencia, donde los gastos de funcionamiento consumen más del 30% del presupuesto y la plantilla ha crecido en 55 personas, 21 de las cuales son altos cargos.

Oltra apuntó que las partidas destinadas a las oficinas de la Generalitat en Bruselas y Madrid pasan de 90 a 120 millones y de 20 a 70, respectivamente, para afianzar "la proyección nacional e internacional" de Eduardo Zaplana y "potenciar su imagen".

Ramón Cardona, portavoz de Esquerra Unida para Sanidad, Educación y Asuntos Sociales, coincidió con los socialistas al denunciar la vocación "privatizadora" de las cuentas de la Generalitat que limitan las inversiones públicas mientras recogen un "alarmante" crecimiento de los fondos destinados a conciertos, sobre todo en el área de Educación.

En cuanto a la sección correspondiente a Servicios Sociales, Cardona aludió al "fraude" que supone ceder a las empresas los fondos de "prestaciones graciables" que reciben los ciudadanos, cuyo exponente es el bono residencia para ancianos.