Incapacidad temporal: ¿fin de la crisis o inicio de la lisis?

Nuestra más sincera felicitación a los ministerios de Trabajo, primero socialista y luego del PP, por la esperanzadora noticia de que el gasto de la Seguridad Social en la cobertura de la incapacidad temporal (IT) se ha reducido desde los 505.000 millones de 1996 a 375.000, es decir, en 130.000 millones. Felicidades por haber afrontado con determinación el problema. Las normativas legislativas de 1995-99, que concedieron a las mutuas de accidentes de trabajo la posibilidad de dar el alta médica, parece que han servido de acicate para todos los agentes. La duración media de las IT de pago directo (bajas laborales de personas en paro, o con contrato finalizado) pasó de 193 días de media a 126 y las de pago delegado (trabajadores por cuenta ajena) están en 34 días de media.¿Ha finalizado la crisis? Parece que el comportamiento inflacionista, sin duda. ¡Qué tentación la de sacar conclusiones!: ¡Mira que era fácil! ¿Por qué no lo habríamos hecho antes?, sabiendo que el problema de la IT afectaba sólo un 10% de la población y que sólo el 20% de ese 10% tenían bajas de una duración excesiva (2%, por tanto). La supuesta incapacidad del sistema sanitario animó al Ministerio de Trabajo a poner la solución en manos de terceros, las mutuas, dándoles la posibilidad de disponer del dinero de las IT, adelantar las pruebas diagnósticas, realizar interconsultas e incluso capitalizar un porcentaje de ahorro. Éxito rutilante. ¡Bien por las mutuas!, se dirá.

¿Pero que quedó por el camino? La confidencialidad, una reforma sanitaria transparente y el prestigio de la sanidad pública. Las mutuas aparecen ante la sociedad como capaces de resolver bien ese conjunto de problemas menores (lumbalgias, fracturas, dolores...), cuya resolución sería fácil para cualquier médico que pudiera pedir un escáner para el día siguiente o lograr que un fisioterapeuta tratara una tendinitis dentro de la semana en curso y que, además, su buena gestión se viera recompensada capitalizando para el servicio el ahorro.

Pero, ¿quién responde ante un trastorno mental, un cuadro de reagudización de artrosis o una insuficiencia cardiaca? Pues la sanidad pública, que, además de asumir los procesos más costosos, ha de ver amenazado su prestigio cuando se enarbola el deleznable coste por proceso como método de comparación. Se comparan las 700.000 pesetas que cuesta una fractura de cadera en un hospital público con las 200.000 de una clínica privada, sin tener en cuenta las cargas estructurales que soportan los primeros, desde el mantenimiento de una UVI a las unidades de recuperación posquirúrgica.

Por la sanidad pública pasa cada año el 70% de la población española. El problema de la IT afecta al 2% de la población. Algunos tendrán la tentación de utilizar la eficacia demostrada por las mutuas en la IT para justificar que la emergente sanidad mixta atienda a la población trabajadora, una población básicamente sana. Y cuando envejezca o enferme con patologías crónicas o serias, ¿quién la asumirá?

¿Por qué no se expresa con franqueza el "a dónde vamos?". Se están introduciendo, a veces de rondón, como ha ocurrido con la reforma de la IT, en el articulado de las leyes de acompañamiento de los presupuestos medidas de reforma que aparentemente son ventajosas en el corto plazo, pero con mayor repercusión a largo plazo del que se quiere hacer creer.

Un ejemplo: ante la evidencia de que no existe un sistema informático totalmente seguro que evite la pérdida de confidencialidad de los datos, el Grupo Europeo de Ética de las Ciencias y las Nuevas Tecnológicas, de la Comisión de las Comunidades Europeas, ha expresado su profunda preocupación "porque el secreto médico es esencial para la credibilidad del sistema sanitario" y porque la confianza es un valor ético en sí mismo. ¡Con qué alegría se ha asegurado que no hay ningún problema en que los médicos de las mutuas obtengan información de los historiales clínicos de los pacientes! Nos recuerda el grupo europeo que "terceros agentes al sistema sanitario no deben tener acceso directo a los datos sanitarios personalizados, como ocurre con los empresarios y las aseguradoras". Recordemos que las mutuas son asociaciones de empresarios con carácter no lucrativo. ¿Qué seguridad le queda al trabajador si su información clínica circula libremente por las mesas de aquel que es juez y parte a la vez? ¿Cree alguien en la bondad de la empresa frente a los trabajadores más débiles? ¿Qué se puede esperar de iniciativas de informatización centralizada de datos clínicos personales, como son los proyectos TASS andaluz, TAIR del Insalud u Osabide de la sanidad vasca?

Felicidades por habernos sacado del barro, pero, ¿no moriremos de éxito? Parece que sí hemos salido de la crisis, pero, ¿no estaremos en el inicio de la lisis del sistema público, término habitual entre los clínicos para hablar de destrucción?