Claroscuros de la Constitución más popular

ENVIADO ESPECIALVenezuela prepara un récord difícilmente batible: la discusión y aprobación en dos semanas de los 311 artículos y disposiciones transitorias contenidas en los siete capítulos pendientes en la nueva Carta Magna. Será discutida por capítulos y sometida a referéndum el próximo 15 de diciembre. La dirección de la Asamblea Constituyente, con 121 de sus 131 escaños ocupados por la coalición gubernamental, argumentó que la sociedad apremia el fin de los trabajos, la revolución democrática prometida por el presidente, Hugo Chávez. "Sería un milagro que acabáramos a tiempo", comentó el diputado oficialista Alfredo Peña. Los cuatro opositores en activo dijeron sentirse atropellados.

La Asamblea arrancó a paso de burro, registra un mes de retraso en el calendario previsto, y quiere terminar a galope. La aceleración de última hora, anunciada la noche del jueves, obedece a los retrasos previos, al cúmulo de sugerencias presentadas y a las muchas horas empleadas en contestarlas. El historiador Vinicio Romero invitó al novelista colombiano Gabriel García Márquez a revisar el estilo del preámbulo en una iniciativa acorde con el carácter macondiano de algunos constituyentes neófitos.

Fueron tantos los artículos agregados al anteproyecto, tanta la obstinación en consagrar la importancia del agua para la navegación o el derecho a la felicidad, que el presidente de la Comisión Constitucional, Hermann Escarrá, advirtió días atrás de que Venezuela puede llegar a ser recordado como un país que tiene una Constitución con 1.300 o 1.500 artículos. "Y yo como profesor de derecho constitucional no firmaría eso". La Asamblea llegó a tener hasta 975 artículos que redujo a 395.

Los constituyentes han prohibido hasta ahora la privatización de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que genera el 40% de los ingresos fiscales, la extradición de venezolanos, y la Carta Magna introducirá la destitución de funcionarios por sufragio, depurará las estructuras de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y agregará dos más: los poderes ciudadano y moral. El modelo económico, y el grado de intervención del Estado no han sido aún abordados pero portavoces empresariales temen un protagonismo oficial excesivo frente al sector privado. El derecho a la religión y al "culto", palabra que algunos ámbitos del episcopado suena a secta satánica, y la posibilidad del aborto, han sido protestados por la Iglesia católica.

El texto aprobado deriva del incluido en la moribunda Constitución de 1961. El derecho a la información "veraz" llevó también a la polémica. Las asociaciones profesionales, y constituyentes oficialistas que son periodistas, rechazan el calificativo al sospechar que implica la existencia de un censor autorizado a decidir sobre la veracidad. El constituyente opositor y jurista Allan Brewer Carías sostiene que pese a todo los artículos aprobados hasta ahora parecen "bastante razonables" en su conjunto pero quedan aspectos claves, imposibles de dilucidar a la carrera: la economía, las prestaciones sociales, la reelección presidencial, los estados de excepción o el papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad.

La dirección de la Asamblea elegida el pasado 25 de julio decidió modificar el método de trabajo, e imponer la disciplina de partido, a fin de evitar el alud de añadidos y las redundancias en la tribuna de oradores. Siete comisiones trasladarán a los plenos sólo aquellos artículos o títulos sobre lo que no haya consenso en comisión. Las sesiones plenarias abiertas el 18 de octubre devinieron en un parlamentarismo de lucimiento, en peroratas y buzón de sugerencias ajenas a la esencia de la Constituyente. "Hace falta un poco de ignorancia, chico", espetó Miquilena a un constituyente. "Sabemos de todo y queremos opinar de todo y la Carta Magna sigue retrasándose".

El anteproyecto de contrato social es el resultado de las aportaciones efectuadas por las 21 comisiones creadas el 15 de agosto, y es discutido frente a las cámaras de televisión. La exhibición pública desencadenó una perniciosa retórica y trabó los avances. Los plazos perseguidos no son fáciles: debe efectuarse una segunda lectura del texto y someterlo después a análisis de la sociedad.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) pide tiempo, al menos 30 días, para organizar la consulta, imprimir once millones de ejemplares de la Constitución y preparar a 180.000 instructores. "Una Constitución no puede hacerse como churros. ¿Cómo puede pensarse racionalmente que este proceso puede terminarse en unos días o en una semanas", reprocha Brewer.

La profusa presentación de iniciativas fue concebida en parte por la clientela electoral del ponente: desde la regulación del comercio callejero o los patios de vecinos hasta la defensa del carácter genético del delincuente. El ámbito de la mayoría no es la Constitución sino las leyes que la desarrollan pero como el grueso de los constituyentes ambicionan la reelección en las generales de principios del año, sus parlamentos buscaron complacer a los potenciales votantes.

"Por ignorancia, los constituyentes han caído en promover artículos detallando todo tipo de situaciones, pretendiendo que esta Constitución debe solucionar no sólo los problemas del país sino problemas universales. Esto ha conducido a esta situación tan lamentable", señala el letrado Guillermo García Ponce, integrante de la coalición gubernamental Polo Patriótico, que sufre tensiones y amagos de dimisión entre las fuerzas que la integran: el mayoritario Movimiento Quinta República (MVR) (76 constituyentes), el partido de Chávez, el Movimiento al Socialismo (MAS) (14) y Patria Para Todos (PPT) (12). "Ha faltado una dirección política que trace lo que debe ser una Constitución. Hemos caído por exageración, por exuberancia, en un montón de minucias que ha provocado interminables debates", agrega García Ponce, coordinador de uno de los borradores de anteproyecto.

Venezuela, avisan varios analistas, corre el riesgo de incurrir en los errores de otras constituciones latinoamericanas, como la brasileña, tan prolijas en el enunciado de derechos y deberes que redujeron gravemente el margen de maniobra de los Gobiernos. Los redactores del documento niegan que vaya a ocurrir. El Gobierno y sus delegados atribuyen a la nueva Constitución efectos renovadores: garantizará una democracia de participación popular, no una democracia diseñada a la medida del bipartidismo en el poder durante 40 años.

"Subyacía que el pueblo no estaba preparado para participar", dice Julio César Fernández. "Ahora hay nuevos paradigmas, se establece el régimen refrendario y se amplían los derechos de los ciudadanos". La lectura del analista Diego Bautista Urbaneja es otra: "Será a partir del control de las palancas del poder que Chávez podrá imprimir a la aplicación concreta de la nueva Constitución la tonalidad que él quiera".