El Gobierno bloquea el plan de energías renovables por temor a que suba el IPC

El Ministerio de Economía y Hacienda ha bloqueado el Plan de Fomento de las Energías Renovables, elaborado por Industria y pactado con las comunidades autónomas y las empresas del sector, por temor a que las primas con las que se subvencionará a los pequeños productores de energías alternativas repercutan excesivamente en las tarifas eléctricas y descontrolen el IPC. El plan pretende impulsar la producción de energía no contaminante para que llegue al 12% del total en el año 2010. Hacienda quiere reducir las subvenciones de 434.181 a 200.000 millones.

La directora del Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), Carmen Becerril, anunció en mayo que el plan se presentaría en junio. Sin embargo, el documento permanece congelado en los despachos del Ministerio de Economía y Hacienda, sin que los productores de energía solar, fotovoltaica, eólica o con minicentrales hidráulicas sepan cuál va a ser su futuro.Las cuentas del plan arrojan para el periodo 1999-2006 un importe de 434.181 millones en primas a la venta de electricidad verde a la red eléctrica nacional, una cantidad considerada excesiva por Hacienda, cuyos responsables declinaron ofrecer su versión a requerimiento de este periódico. En su opinión, estas subvenciones no deben superar los 200.000 millones.

Mientras el precio de mercado ronda las 5,75 pesetas por cada kilovatio hora producido por fuentes fósiles (carbón o petróleo), el sistema eléctrico prima los kilovatios hora de origen renovable con un sobreprecio adicional que oscila entre las 3,2 pesetas para los producidos en minicentrales hidroeléctricas y las 60 pesetas para los generados por placas solares fotovoltaicas.

Pese a las cautelas de Economía, el plan del IDAE no se excede en la promoción de las energías limpias, según los expertos, que lo califican de "sólido y ambicioso". Sus cuentas se limitan a contabilizar las ayudas necesarias para impulsarlas, de manera que España pueda cumplir el compromiso fijado por la Unión Europea de que para el año 2010 el 12% de la producción energética sea de origen renovable.

Pocos dudan ya de la necesidad de estas ayudas. La energía eólica, biomasa solar, minihidráulica o solar es la alternativa para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. El Protocolo de Kioto obliga a España a no incrementar de estos gases nocivos por encima del 15% en los años 2008-2012 sobre los niveles de 1990. Con el plan se estima que España ahorraría entre 19,5 y 41,5 millones de toneladas de CO2 para el año 2010. A partir de esa fecha, la UE cree que no necesitarán ninguna subvención.

El IDAE estima que el plan es la herramienta idónea para aproximarse al cumplimiento de los compromisos de Kioto y de la UE. "En un mercado liberalizado", dice en la exposición el plan, "la exclusión de los costes sociales y medioambientales en el cálculo de los precios de las energías fósiles impide que éstos reflejen el coste total de un kilovatio hora eléctrico. La progresiva repercusión de estos costes permitiría anticipar la penetración de estas energías en los mercados para garantizar su viabilidad". Por eso, añade, "el sistema de primas previsto en la legislación para los autoproductores y productores de energía eléctrica con fuentes renovables en instalaciones de menos de 50 megavatios tiene por objeto mejorar su rentabilidad y su desarrollo tecnológico".

Si a Economía le parece excesivo el montante de las primas que el IDAE ha calculado para cumplir los objetivos del plan, tampoco están de acuerdo con su reparto los productores de energías limpias.

Los beneficiados

Uno de ellos, con instalaciones en varias comunidades autónomas, se queja de que la mayor parte de las primas, alrededor del 70%, se la llevan los productores de ciclo combinado (centrales de fuel y gas), mientras los renovables puros sólo se benefician del 30% restante. Este productor insiste en que cada kilovatio hora producido con carbón no paga nada por las emisiones nocivas que lanza a la atmósfera ni por la reparación de las minas una vez que concluye su explotación.

"El Ministerio de Hacienda debería reflexionar sobre ello", dice. Además, si se tiene en cuenta que va a donar 1,3 billones de pesetas a las grandes compañías eléctricas para compensar los llamados costes de transición a la competencia (CTC), los 434.181 millones destinados a la promoción de renovables son poca cosa. "Es de justicia apoyarlas. El precio de la energía debe subir para pagar las consecuencias de la contaminación. Estoy seguro de que mucha gente estaría dispuesta a pagar una tarifa eléctrica más alta si sabe que la fuente no es contaminante".

La Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores de Electricidad con Fuentes de Energía Renovables, que apoya el plan del IDAE por su solidez, cree que las comunidades autónomas deberían agilizar sus mecanismos administrativos para no entorpecer el desarrollo de instalaciones energéticas verdes.

"Cuando tienen alguna duda sobre la idoneidad ambiental de algún proyecto, los funcionarios resuelven la solicitud con una negativa. Así se evitan problemas", dice un portavoz de la asociación. Los veteranos del sector piensan, sin embargo, que al olor de las primas han aterrizado muchos advenedizos que no hacen las cosas bien.