El Gobierno impulsará la mediación para descongestionar los juzgados

El Gobierno pretende extender la práctica de la mediación, ya ensayada con los menores infractores y los casos de familia, a todos los litigios, salvo los penales de mayor entidad. La Dirección de Derechos Humanos ha destinado una partida económica para el año que viene con el objeto de estudiar su futura aplicación en el País Vasco. Experiencias como la de Argentina, país en el que este sistema de acuerdos entre partes ha descongestionado la Administración de Justicia hasta en un 30%, sirven como referencia.

La mediación, un método para la resolución de conflictos privados y públicos, bien sea de manera complementaria al procedimiento judicial o al margen de él, será impulsado a partir del próximo año por la Dirección de Derechos Humanos y Cooperación con la Justicia del Gobierno vasco, que ya ha destinado una partida presupuestaria para tal objeto. "Es un sistema enormemente beneficioso para los ciudadanos ya que puede disminuir el número de litigios, además de contribuir al abaratamiento de la resolución de los conflictos", señala Juan José Martínez Leunda, responsable de este departamento en la Administración vasca.Se trata de un sistema que se aleja de la filosofía de vencedores y vencidos que implica el proceso judicial vigente, y también del arbitraje, en el que una persona neutral impone una solución.

En la mediación, "un profesional de la materia que se trate, sea psicólogo, abogado o médico, busca que cada parte comprenda a la otra y se alcance un mutuo acuerdo, sin imposiciones", explica José Antonio Gómez, responsable de la asociación para el fomento de la mediación (Fomed), colectivo que agrupa a letrados vascos y que ha redactado un anteproyecto de ley que pretende trasladar al Parlamento de Vitoria a través de grupos políticos.

La inexistencia de una legislación específica sobre la mediación y la figura del mediador obligaría a desarrollar una reforma importante de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ahora no se plantea en el Parlamento de Madrid. "En todo caso no es imprescindible que exista un soporte legal", indica Gómez.

Existen ya experiencias, como el programa de mediación y reparación con menores infractores y el de mediación familiar en Bilbao "y ya es momento de extraer conclusiones", señala el director de Derechos Humanos.

Nacido en la Universidad de Harvard hace quince años, este método se ha desarrollado en distintos ámbitos de la sociedad americana desde entonces. En Argentina, se implantó por ley hace tres años, logrando descongestionar la Administración de Justicia en un 30%, y con un cumplimiento de los acuerdos cercano al 90%. En el País Vasco, se han iniciado conversaciones con abogados, fiscales y jueces para poder incorporar esta figura al sistema judicial.

En el terreno de la mediación extrajudicial, el director de Derechos Humanos plantea la posibilidad de crear en el futuro un organismo que unifique las experiencias existentes, "un instituto vasco de mediación, para entendernos", resalta. "Hay que buscar un modelo de mediación para todo el país", indica Leunda, que asegura que diversos jueces se han puesto ya a su disposición para desarrollar esta vía.

El marco de actuación de la mediación es "muy amplio" según sus impulsores, y sólo se excluirían de su ámbito los delitos de mayor entidad. Incluiría "temas como las infracciones de tráfico que colapsan hoy en día los juzgados", resuelve Gómez.