Juego de equívocos

LA SUBIDA salarial anunciada por Manuel Chaves para los funcionarios de la Junta de Andalucía -entre el 3,6% y el 3,9%- ha pasado en sólo unas horas de ser un nuevo desafío al Gobierno a convertirse en una reedición, corregida y aumentada, del modelo retributivo acordado para la Administración central. En ambos casos, la subida salarial es del 2%, lo que resulta compatible con el discurso de moderación salarial y contención de la inflación. Pero las dos administraciones han decidido crear sendos fondos especiales para mejorar los sueldos públicos con cargo a una supuesta mejora de la productividad. El Gobierno central dota ese fondo con 13.000 millones de pesetas, y el Gobierno andaluz, con 4.000 millones. En el primer caso equivale a una subida adicional de 0,7 puntos, y en el segundo, de 1,6. El carácter clónico de ambas propuestas es tan evidente que el propio ministro de Administraciones Públicas, Ángel Acebes, ha tenido que salir al paso de posibles recursos al Tribunal Constitucional anticipados por algunos dirigentes del PP.Lo que empieza a resultar patético es este juego de espejos trucados que no crea sino confusión entre la opinión pública y los propios funcionarios. La Junta de Andalucía ha hecho una presentación abusiva de una subida salarial que ha intentado rentabilizar como si duplicara la de los funcionarios del Estado. El Gobierno central, por su parte, ha tratado de poner el acento en su coherencia presupuestaria al significar que la subida pactada es del 2%, aunque él mismo ha abierto un portillo para la puja de las diversas autonomías con el fondo especial de productividad, por el que ya se ha colado Andalucía y por el que van a transitar Aragón, Murcia, el País Vasco y es probable que la mayoría de las comunidades.

Para evitar el posible efecto negativo que pudiera tener la presentación electoralista que ha hecho la Junta de Andalucía de su generosidad, el propio Acebes ha salido al paso diciendo, ahora sí, que el crecimiento salarial pactado por la Administración central rebasa el tan publicitado 2%. Este episodio ha servido al menos para que la opinión pública conozca que la moderación salarial pregonada por el Gobierno y solicitada por el sector privado tiene al menos una vía de fuga por el camino de la productividad. Unas veces se juega a la moderación salarial y al rigor presupuestario y otras a ganar el favor de los empleados públicos con cláusulas colaterales que permiten subidas por encima de la inflación prevista.

Las consecuencias de este modelo salarial, con un fondo de retribución añadido, no han tardado en presentar su peor cara: la puja entre comunidades autónomas para ver quién da más. Una tentación particularmente poderosa para la Junta de Andalucía, que, a diferencia de las restantes comunidades, se encuentra en vísperas electorales. Pero sólo un poco probable ejercicio universal de prudencia y moderación puede evitar que entren en la danza otras comunidades autónomas, ayuntamientos u otros organismos públicos, al punto de convertir en entelequia la tan pregonada moderación salarial del 2% que servía como argumento central para recuperar competitividad y luchar contra una inflación al alza.

En lo que a los funcionarios se refiere, pocas quejas puede plantear el Gobierno central por la propuesta provocativa de Chaves; al fin y al cabo, fue el Ejecutivo el que se inventó la fórmula mágica. En su gesto no hay un desafío análogo al que supuso la subida de las pensiones mínimas y que, meses después, Pujol mediante, daría pie al compromiso alcanzado por el Gobierno y los sindicatos. Lamentablemente, a partir de ahora habrá que estar atentos y hacer dobles o triples lecturas de cada cosa que se acuerde, porque todo tiene un espejo electoral. La propaganda prima sobre la realidad.