Clase preferente

La salud es, o debiera ser, un patrimonio de todos, y su administración, especialmente desde los organismos públicos, no puede entrar en calificaciones -más bien desca-lificaciones- de los pacientes beneficiarios de la misma en razón de su raza, sexo, creencia o condición. El precedente de un hospital madrileño -el Ramón y Cajal, más concretamente- de intentar determinar la idoneidad o no de un enfermo para recibir un trasplante en base a sus circunstancias sociolaborales, de generalizarse, daría paso a la existencia de ciudadanos que, por ubicarse en una posición en la sociedad poco favorecida, se verían privados de acceder a determinados servicios sanitarios, que quedarían limitados a aquellas personas realmente productivas. De ahí a discriminar al votante en razón a su mayor o menor base cultural hay sólo un corto trecho.- . .