La Politécnica anuncia que será la primera universidad valenciana en implantar la firma electrónica

La firma electrónica, como se denomina a los sistemas informáticos de seguridad que permiten a una persona hacer cualquier gestión por las redes con garantía de autentificación y sin posibilidad de que su identidad sea suplantada por los piratas informáticos, será una realidad el próximo curso en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Según anunció ayer el vicerrector de Ordenación Académica, los alumnos de la UPV serán los primeros de toda la Comunidad que podrán, con la simple utilización de su carné universitario, firmar electrónicamente cualquier documento que se genere o transmita a través de medios como Internet. Así, los alumnos podrán solicitar por la red sus expedientes académicos o cualquier otra gestión burocrática con seguridad. Y no sólo eso. Mediante el carné podrán enviar cualquier información codificada por Internet sin que nadie pueda interferir o interceptar el contenido.De esta forma, la Politécnica incorpora un medio previsto en la normativa más reciente en cuanto a la protección de los datos informáticos. Así, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Regulación del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal (Lortad), aprobada en 1992 y ahora en proceso de revisión, y de una reciente directiva europea, el Gobierno central ha aprobado en junio pasado un real decreto sobre el reglamento de medidas de seguridad de estos datos en el que se contemplan y por tanto dan legalidad a las firmas electrónicas.

El anuncio de la UPV se hizo en el marco del II Congreso Nacional de Auditoria y Control de Sistemas de Información que se celebra en el Paraninfo de la institución. Allí, decenas de expertos en Informática y en Derecho, además de empresarios y miembros de la Administración, discutirán hasta mañana todos los aspectos de la seguridad en la red.

En las ponencias más técnicas se expusieron los últimos sistemas de codificación de mensajes. Mientras, otras conferencias versaron sobre los aspectos legales del reglamento, que, entre otras cosas, obliga a implantar planes de seguridad en los sistemas que manejen datos privados así como a informar de qué sistemas se han puesto a la Agencia de Protección de Datos. La obligación de auditar periódicamente los sistemas reveló la necesidad de regular la profesión de auditor informático, a la que los expertos auguran una gran demanda.