Fondos al banquillo

LOS SOCIALISTAS pagaron en las urnas, con la derrota en las elecciones de marzo de 1996, el precio político que les correspondía como partido del Gobierno por el uso irregular de los fondos reservados del Ministerio del Interior durante la década de 1983-1993. También contribuyeron a resolver antes de ser desalojados del poder, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, el vacío legal existente sobre el uso de dichos fondos, y que constituyó el verdadero caldo de cultivo de la extrema discrecionalidad con que fueron administrados durante los mandatos de José Barrionuevo y José Luis Corcuera al frente del Ministerio del Interior. Desde abril de 1995, una ley establece un control parlamentario sobre los fondos reservados.Pero ni el coste político ni las enmiendas legislativas cerraban, como es lógico, el capítulo de las responsabilidades. Faltaban las penales, de carácter personal, que fueran imputables a los integrantes de la cúpula de Interior de esos años, y que la juez que instruye el caso hace recaer especialmente en los ministros Barrionuevo y Corcuera y el secretario de Estado para la Seguridad en esa etapa, Rafael Vera.

El auto que pone fin a las diligencias judiciales abiertas en noviembre de 1994 a instancias del actual presidente del Congreso, Federico Trillo, en nombre del Partido Popular, establece la existencia de indicios de malversación de caudales públicos en el uso que se hizo de los fondos reservados -unos 18.000 millones de pesetas- correspondientes a la década citada. El peculiar ritmo de la justicia, fruto de su lentitud y también, a veces, de la dificultad de su trabajo, ha hecho que, una vez más, un asunto del pasado se proyecte sobre el presente y que incluso pueda juzgarse en pleno periodo electoral. En cualquier caso, es hora ya de que la justicia establezca con todas las garantías si el uso que se hizo de los fondos reservados para sobresueldos, gratificaciones o indemnizaciones, y que sus perceptores justificaron como compensación por los esfuerzos y riesgos en la lucha contra el terrorismo, constituye un delito de malversación y hasta qué punto fue en algunos casos un medio de enriquecimiento personal.

De la investigación judicial se desprende que los fondos reservados de Interior -un verdadero presupuesto paralelo por su cuantía y por su reiterada ampliación con partidas ordinarias- no sólo se destinaron a fines públicos distintos de los legalmente previstos, sino también a fijar cuantiosos ingresos extrasalariales que han sido motivo de escándalo público. El auto judicial acusa a los dos ex ministros de destinar estos fondos opacos a fines distintos de los presupuestados, y a sus subordinados, de haberse beneficiado de ellos. Es obvio que el enriquecimiento personal con cargo a los dineros de la lucha antiterrorista provoca un mayor rechazo social, pero esto difícilmente hubiera sido posible sin que los titulares del departamento hubieran dado su visto bueno. Todos estos extremos deberán probarse todavía ante el tribunal que juzgue el caso, pero el uso de fondos públicos en beneficio propio no puede quedar impune.