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Reportaje:

El rastro de corrupción de la 'década Menem'

Los partidos convierten la limpieza del Gobierno en el asunto clave de la campaña electoral

"La sociedad, cansada de la corrupción, me convirtió en un monstruo al que responsabilizó por todo", exclamó el exconcejal justicialista (peronista) José Manuel Pico minutos antes de que un tribunal de la ciudad de Buenos Aires le condenara a cinco de años de prisión y diez años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, por el delito de enriquecimiento ilícito.Pico se convirtió el 15 de octubre, a nueve días de las elecciones presidenciales argentinas (que se celebran el próximo domingo), en el primer político de relevancia condenado por corrupción. Otros dos altos funcionarios del Gobierno que se despide -María Julia Alsogaray, secretaria de Recursos Naturales, y Víctor Alderete, presidente del PAMI (Programa de Asistencia del Estado para Jubilados y Pensionistas)- están acusados del mismo delito y pueden ser los siguientes en el banquillo.

La palabra corrupción ha estado omnipresente en toda esta campaña electoral. Todos los candidatos, con Fernando de la Rúa a la cabeza, enarbolan la bandera de la transparencia. Aporta votos. No en vano la corrupción es, después del desempleo, la segunda inquietud de los argentinos, según indican los estudios de opinión.

El Gobierno de Carlos Menem deja un largo reguero de escándalos, pero no es un fenómeno inventado por el presidente saliente ni patrimonio exclusivo de Argentina. "La corrupción existe en estas tierras desde 1492 en adelante", dice, medio en serio, medio en broma, Luis Moreno Ocampo, exfiscal federal y presidente de la organización Transparencia Internacional para América Latina, dedicada a estudiar los tentáculos de la corrupción. Sin necesidad de remontarse a la época del Descubrimiento, el periodista Álvaro Abós repasa en su libro Delitos ejemplares 12 historias de la corrupción argentina que se remontan a Santiago de Liniers y la fundación de Argentina, en 1810, y llegan hasta los Gobiernos de Menem.

En otras palabras, la corrupción existe desde tiempos inmemoriales, pero no es hasta la última década que los argentinos empiezan a reflexionar seriamente sobre ella. "La corrupción entra a formar parte de la agenda política con la recuperación de la democracia y el fin de la hiperinflación", observa el fiscal del juicio a las últimas juntas militares, hoy convertido en consultor de empresas y organismos internacionales. "Sin democracia no había información pública, por lo que no había datos para hablar de corrupción. Por otra parte, la hiperinflación pasaba por encima de cualquier otro problema para los argentinos".

"El menemismo sumó escándalos", sentencia Moreno Ocampo. "Por ejemplo, con las privatizaciones el nivel de compra del Estado descendió de 18.000 millones de dólares a 4.000 millones (de 2,7 billones de pesetas a 610.000 milllones de pesetas). Al comprar menos, la corrupción estatal se exportó al sector privado". En importantes operaciones de compra-venta de empresas del Estado se amasaron fortunas repentinas gracias al cobro de suculentas comisiones.

Estima el exfiscal que "no es sólo una cuestión de personas. Es un problema estructural, que va más allá del Gobierno. Hace falta un compromiso de las empresas de no pagar sobornos. Se necesita un cambio de mentalidad", asegura.

Otra forma de corrupción, como la evasión de impuestos, alcanza en Argentina el 28%, porcentaje superior al 20% considerado normal en palabras de Transparencia Internacional, y a distancia sideral del 5% que se da en Suecia. La evasión supera el 50% en sectores como el agrario y el de la construcción.

En diciembre de 1998, la revista XXI publicó un número especial bajo el título "Guía de la corrupción" en la que figura una larga lista, de la A a la Z, de nombres de acusados, procesados o condenados por el mismo delito.

Ahí están ministros como José Luis Manzano, implicado en más de una docena de causas a las que finalmente se dio carpetazo; Antonio Erman González (Trabajo y Defensa), imputado en la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, y Carlos Corach (actual titular de Interior), acusado en varias causas; jueces como Norberto Oyarbide, investigado por varios delitos, entre ellos una red de prostíbulos en Buenos Aires; familiares del presidente Menem, como sus cuñados Amira y Emir Yoma; gobernadores como el de la provincia de La Rioja, Ángel Eduardo Maza, denunciado por desviar dos millones de dólares del Tesoro Nacional, o el de Tucumán, Antonio Bussi, general de la dictadura, a quien se descubrió una cuenta secreta en Suiza con los bienes hurtados a los detenidos-desaparecidos durante el golpe de Estado.

El primer escándalo de corrupción de la década menemista estalla al año y medio de asumir Carlos Menem la presidencia de la nación. Amira Yoma, secretaria de Audiencias de la Presidencia, Ibrahim al Ibrahim, antiguo asesor de aduanas, y Mario Caserta, expresidente del Consejo Federal de Agua, son acusados de integrar una banda internacional de lavado de dinero del narcotráfico. Yoma fue sobreseída, aunque abandonó el cargo, Caserta estuvo siete años en prisión y está en libertad, e Ibrahim huyó a Siria.

La presa hidroeléctrica de Yacyretá, sobre el río Paraná, que comparten Argentina y Paraguay fue calificada en 1990 por Menem como "el monumento nacional a la corrupción". Las acusaciones de irregularidades y sobreprecios en la construcción de la central fueron constantes desde principios de los ochenta.

En agosto y septiembre de 1993 entraron en Argentina 13 contenedores con una mercadería por valor de 600.000 dólares (unos 90.000 millones de pesetas) sin pagar impuestos. Varios funcionarios de aduanas fueron juzgados y condenados. Ninguno de ello está preso.

En 1994, el Banco Nación otorgó a la empresa IBM la licitación para la renovación de su sistema informático, por la que se pagaron más de 21 millones de dólares en sobornos. Un ex presidente y tres antiguos directores del banco, así como cinco empresarios, están procesados. El hermano y secretario de uno de los imputados, Marcelo Cattáneo, apareció suicidado.

El PAMI es un organismo carcomido por las prácticas corruptas. Su máximo responsable, Víctor Alderete, enfrenta nada menos que 17 denuncias. Los presidentes de los últimos 10 años terminaron procesados, recuerda el fiscal Moreno Ocampo.

En febrero de 1995 trascendió la noticia de la venta de armas argentinas a Croacia y Ecuador, países sobre los que pesaba un embargo militar de la ONU por estar en guerra en la antigua Yugoslavia y contra Perú, respectivamente. Dos exministros y varios militares están procesados.

La batalla contra la corrupción tropieza con un serio obstáculo llamado impunidad, que favorece la comisión del delito ante la deslegitimación en que se encuentra el poder judicial desde 1992, con los cambios introducidos en la Corte Suprema. En este sentido, "los organismos de control de fronteras y de recaudación [Dirección General Impositiva y Aduana] deben dejar de ser tierra liberada, para sumarse a un esfuerzo que conjugue los elementos de seguridad y de mayor eficiencia fiscal y económica", ha escrito Gustavo Beliz, ex ministro del Interior y hoy diputado del partido Nueva Dirigencia.

¿Hay esperanzas de que el Gobierno que surja de las elecciones del domingo encarará con valentía la lucha contra la corrupción?

"El gran cambio", sostiene Moreno Ocampo, "es que el próximo presidente quiere controlarla. Menem, como mínimo, la toleró". La impunidad no sólo alcanza a la corrupción. Termina una década sin que se hayan esclarecido graves sucesos que ensangrentaron Argentina: los atentados antijudíos contra la Embajada de Israel (marzo de 1992), con 22 muertos, y contra la sede de la AMIA (julio de 1994), que causó 86 víctimas; la sospechosa muerte del hijo de Carlos Menem al estrellarse el helicóptero en que viajaba, el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, o el suicidio del empresario Alfredo Yabrán.

Otro homicidio, el del soldado Omar Octavio Carrasco, fallecido a causa de una paliza brutal perpetrada por un grupo de suboficiales y soldados veteranos, tuvo consecuencias para toda la sociedad argentina. El presidente Menem abolió cinco meses después, en agosto de 1994, el servicio militar obligatorio, vigente desde 1901.

El presidente se apunta el fin de la hiperinflación y la estabilidad

Las cifras de la década del Gobierno de Carlos Menem ofrecen luces y sombras, como toda su gestión. En cualquier tribuna que le ceda la palabra el presidente procura vanagloriarse de sus éxitos: el fin de la hiperinflación, la estabilidad democrática y la modernización de la economía.En julio de 1989, cuando Menem asumió el poder, la inflación era del 1.472% y al terminar el año subió hasta el 4.923%. Para 1999 las estimaciones prevén una caída de los precios del 0,7%. El producto interior bruto (PIB) era de 82.773 millones de dólares en 1989; el año pasado fue de 298.131 millones de dólares (45,6 billones de pesetas, aproximadamente la mitad que el de España). Hace 10 años el desempleo era del 8,1% de la población activa. Hoy se sitúa en el 14,5%. La deuda externa era de 62.843 millones de dólares, y en una década se ha encaramado hasta los 144.000 millones de dólares.

El legado social deja una ristra de puntos negros. La distribución de la riqueza ha profundizado la desigualdad desde los años ochenta hasta la actualidad, según datos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Más del 17% de la población del Gran Buenos Aires está bajo la línea de pobreza (las cifras oficiales hablan de 10 millones de pobres en todo el país).

En salud hay situaciones contradictorias. La relación de tres médicos por cada 1.000 habitantes es superior a la de muchos países desarrollados, y la inversión representa el 6,9% del PIB, la más elevada de todo el continente después de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la mortalidad infantil es del 20%, dos veces más que Chile y tres más que Cuba, y la tercera parte de la población carece de cobertura médica.

Grave desigualdad

En educación hay una grave desigualdad entre las escuelas de Buenos Aires y de las provincias, deficiente rendimiento escolar y un bajo nivel de inversión (3,1% del PIB, frente al 5,3% de promedio en los países desarrollados).

En las provincias, las protestas sociales han ido en aumento a medida que se acercaba el fin del mandato de Menem. Empleados públicos, pequeños productores, docentes, camioneros, agricultores y pescadores han salido a la calle a lo largo y ancho de la geografía argentina para exigir al gobierno provincial de turno mejores condiciones en su trabajo, en un marco de recesión general.

Las protestas han puesto de manifiesto otra realidad de Argentina. El país no termina en Buenos Aires.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de octubre de 1999

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