El Gobierno español no recurrirá la posible liberación de Pinochet por razón de salud

El Gobierno español no recurrirá una posible decisión del ministro británico Jack Straw de interrumpir, por razones humanitarias, la extradición a España del general Augusto Pinochet y permitir su regreso a Chile, según afirmó ayer en el Congreso de los Diputados el ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. Un portavoz oficial no quiso precisar qué haría el Gobierno si Baltasar Garzón presentase, por su cuenta, un recurso de reposición. El Gobierno ha pedido, no obstante, al juez que envíe todas sus comunicaciones por vía diplomática.

"El Gobierno español respetará la decisión que en este sentido pueda tomar el ministro Jack Straw, y no va a presentar recurso, sino que simplemente la va a respetar y ejecutar", afirmó Matutes.Esta declaración, realizada en los pasillos del Congreso al término de su intervención ante la Comisión de Asuntos Exteriores, es la toma de posición política más clara del Gobierno desde que el magistrado Ronald Bartle decidiera a principios de este mes que el ex dictador debe ser entregado a España.

Aunque la posición de Matutes no es nueva, y reitera la línea fijada por el presidente del Gobierno, José María Aznar, coincide con la ofensiva lanzada por el Gobierno chileno en Londres para reclamar la intervención humanitaria de Straw a fin de interrumpir un proceso de extradición que parece ser jurídicamente imparable.

De hecho, los abogados del general Pinochet no han presentado todavía recurso a la decisión del juez Bartle, lo que permitiría al ministro del Interior británico actuar, ya que en estos momentos no hay ningún recurso pendiente ante ningún tribunal. En todo caso, Straw puede actuar en una fase posterior.

La decisión del Gobierno español de "no recurrir" una eventual decisión humanitaria británica quedó reflejada en el artículo enviado el pasado mes de julio por Matutes al diario chileno El Mercurio. El último párrafo del artículo decía:

"En fin, y dentro del ámbito de política exterior que le es propio, el Gobierno español ha comunicado al Gobierno chileno que respetará cualquier decisión de la justicia del Reino Unido en el caso de que ésta o el Gobierno británico decidan apreciar razones de tipo humanitario para interrumpir la extradición a España y permitir el traslado a Chile del senador Augusto Pinochet. Con esta postura, el Gobierno ha cubierto todo margen de maniobra política que le permite su posición constitucional, y lo ha hecho siendo plenamente consciente del posible coste político que ello podría tener en términos de una parte de la opinión pública española".

Por otra parte, ayer se supo que la Embajada española en el Reino Unido presentó la pasada semana una protesta formal ante el Gobierno británico por algunos de los términos empleados por la fiscalía británica en una carta remitida a la Audiencia Nacional en la que se daba cuenta de la visita de diplomáticos españoles realizada días antes de conocerse la sentencia sobre la extradición a España del general Augusto Pinochet.

Matutes calificó en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de "intolerable" que los fiscales británicos afirmaran que era "inaceptable" la falta de una respuesta precisa por parte de los diplomáticos españoles a algunas de sus preguntas.

Matutes dijo que la presencia de un diplomático adscrito a la subsecretaría del ministerio en Madrid y de una abogada de la Embajada española en Londres tenía como único fin recabar información sobre los procedimientos de extradición, por lo que no tenían instrucciones para responder a cuestiones de fondo. El fiscal británico, que había recibido por fax la solicitud del magistrado Baltasar Garzón de recurrir una eventual decisión contraria a la extradición, criticaba en su carta que los diplomáticos españoles no confirmaran allí mismo la petición de Garzón. Matutes vino a decir que el malentendido no habría ocurrido si el juez Garzón hubiera tramitado su petición por vía diplomática, como es preceptivo. Los portavoces de la oposición, Rafael Estrella, del PSOE; Ignasi Guardans, de CiU; José Navas, de IU, y Diego López Garrido, de Nueva Izquierda, criticaron la visita realizada por los diplomáticos españoles, que, en su opinión, no hizo otra cosa que añadir más confusión a una "diplomacia errática" del Gobierno en el caso Pinochet.

Matutes sólo recibió el respaldo del portavoz del Partido Popular, José María Robles Fraga, que cargó contra los portavoces de la oposición, a los que acusó de desconocer el sistema judicial británico y proceder a un juicio de intenciones del Gobierno basado en información falsa.