11 detenidos en Murcia por fraude en la percepción de ayudas de la UE
Once personas, entre ellas tres funcionarios y el presidente de la empresa Alvalle, se encuentran implicadas en un fraude de más de doscientos millones de pesetas en ayudas de la Unión Europea descubierto en Murcia, según informó la Delegación del Gobierno. El grupo de investigación fiscal de la Guardia Civil ha detenido hasta el momento a 10 de las 11 personas implicadas, y mantiene abierta la operación, según fuentes cercanas a la investigación.
El fraude consistía en cobrar en concepto de subvención un importe superior al que realmente correspondería por la transformación de zumo de naranja. Entre las nueve personas detenidas hasta ahora por la Guardia Civil se encuentra José María Casanova, presidente y fundador de la empresa Alimentos del Valle (Alvalle), propiedad del grupo Pepsico, firma que en 1998 recibió el premio Príncipe Felipe a la Excelencia Empresarial y cerró el ejercicio con una facturación de 1.500 millones de pesetas. Casanova, que en 1982 ocupó la consejería de Industria en el primer consejo provisional de Gobierno de la comunidad, permanecía anoche en las dependencias de la Guardia Civil en Murcia.Otros tres de los detenidos son funcionarios, uno de ellos del Área de Agricultura de la Delegación del Gobierno en Murcia, y los otros dos del Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA), adscrito desde hace pocos meses a la Consejería de Agricultura. También han sido detenidos dos vendedores de fruta transformada y dos agricultores, según la Delegación del Gobierno.
Apoyo de Agricultura
El Ministerio de Agricultura informó ayer de que "apoya las actuaciones" contra el presunto fraude porque "la política del Gobierno es preservar la perfecta transparencia para no perjudicar a los agricultores e industriales".
También el secretario general de la Federación de Alimentación de CCOO en Murcia, Angel Soler, expresó su "satisfacción" por la operación de la Guardia Civil, ya que su sindicato presentó en mayo de este año un informe ante el Ministerio Fiscal en el que denunciaba irregularidades en las ayudas a empresas del sector de manipulación y transformación de productos agrícolas, por lo que entiende que "se ha hecho justicia".
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