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Un comité de notables propone el voto por mayoría en una Unión Europea ampliada

El ex primer ministro de Bélgica, Jean-Luc Dehaene, defendió ayer una reforma a fondo de las instituciones europeas y que ésta se cierre a finales del año 2000. Su propuesta, como presidente de un grupo de tres sabios, pasa por mantener una Comisión amplia pero presidencialista, reformar el voto -aunque no aclara en qué dirección-, convertir en regla el voto por mayoría cualificada y en excepción el derecho de veto y facilitar las llamadas "cooperaciones reforzadas" que permitan crear lo que algunos llaman "una Europa a la carta". España descalificó el conjunto de las propuestas.

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Dehaene, flanquedado por el expresidente alemán Richard von Weizsäcker y por lord David Simon -ex presidente de British Petroleum y exministro británico de Comercio-, presentó un documento de apenas 14 páginas que promete provocar una considerable polémica. Alabado por funcionarios de la Comisión y criticado por diplomáticos de los Estados miembros por considerar que es "un texto desequilibrado que respira por todos sus poros las posiciones de los países del Benelux", la propuesta de este nuevo comité de sabios comunitario pretende forzar a la Comisión "a que presente su propia propuesta sobre la reforma", según Dehaene. Algo ya polémico en si mismo porque la Comisión no tiene derecho de iniciativa en la reforma de los Tratados, aunque nada la impide emitir su opinión sobre cómo cree que debería ser la reforma.Los tres expertos defienden la tesis de que, en lugar de realizar una minireforma ahora y una gran reforma dentro de unos años, los Quince procedan ya a una profunda reforma institucional que permita a la Unión Europea ir recibiendo a los 12 países que, desde el próximo año, van a negociar su adhesión.

Los tres sabios proponen que se garantice que cada Estado tenga un comisario y compensar esa carga -una Comisión con 25 o 30 comisarios- reforzando los poderes de su presidente. "Esa visión presidencialista amenaza con desbaratar el carácter colegial de la Comisión para convertirla en un Gobierno. Provocaría problemas de legitimidad si el presidente no es elegido directamente en sufragio universal", opinan algunos. Pero el propio Dehaene admitió ayer que es "irreal" pensar que los Quince vayan a aceptar la elección directa del presidente de la Comisión.

Los sabios proponen también extender el voto por mayoría cualificada para convertirlo en "la norma", lo que significa limitar a la excepción el derecho de veto. Es la exigencia que tradicionalmente plantean los países pequeños a cambio de reformar la actual ponderación de voto en el seno del Consejo de Ministros. La propuesta de los expertos no especifica qué asuntos seguirían rigiéndose por la regla de la unanimidad, aunque dejaron pocas dudas de que uno de los más polémicos, la fiscalidad, seguirá rigiéndose por el derecho de veto.

Reponderación del voto

Aunque defienden la limitación del veto, no se pronuncian sobre la reponderación del voto en el Consejo de Ministros. Admiten que la ampliación al Este obliga a replantearse el actual reparto entre países grandes, pequeños y medianos, pero no hacen propuestas específicas porque "el grupo [de sabios] carece de mandato para ello". Los países más poblados (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España) exigen tener más peso en las votaciones del Consejo porque temen que la entrada de nuevos socios desequilibre la actual ponderación. De los 12 candidatos, el único grande en términos de población es Polonia, que tiene tantos habitantes como España.

Una de las propuestas más polémicas es la de simplificar la llamadas cooperación reforzada, la flexibilidad. Introducida en el Tratado de Amsterdam, pretende permitir que un grupo de países puedan llevar a cabo nuevas políticas comunitarias aunque otros no las apoyen. Con la flexibilidad, los que no las apoyan se quedan al margen, pero no las vetan. Los sabios pretenden fomentar ese tipo de políticas, aunque admiten que aún no ha habido tiempo para verificar si funciona o no lo acordado.

Los sabios sugieren también reducir la extensión del Tratado para hacerlo más accesible al ciudadano. Pero detrás de esa generosa sugerencia algunos países ven una maniobra para desgajar el Tratado y modificar por mayoría cualificada lo que hasta ahora se adoptaba por unanimidad. "Eso no lo aceptaremos ni en broma", afirma el embajador español ante la UE, Javier Elorza.

Proponen también que la reforma de la Comisión se extienda a otras instituciones, como el Tribunal de Justicia, el de Cuentas y el Comité de las Regiones.

La herencia de Amsterdam

La necesidad de reformar las instituciones europeas es una herencia del fracaso de las negociaciones para reformar el Tratado de Maastricht. Aquella reforma, que dio a luz el Tratado de Amsterdam el 17 de junio de 1997, se cerró en falso porque no hubo consenso en el asunto que la había originado: adaptar las instituciones comunitarias a una Unión que con los países del Este puede tener más de 25 socios en unos años.Los Quince acordaron en Amsterdam que la UE podría recibir a cinco nuevos socios con las instituciones tal y como están, pero éstas se deben reformar antes del ingreso del socio número 21. Las normas a modificar, según el protocolo aprobado allí, son las que afectan al voto en el Consejo de Ministros y a la composición de la Comisión Europea. Es la "mini reforma institucional".

Los sabios van mucho más allá y defienden una reforma de gran calado que incluya, entre otros muchos cambios, la extensión del voto por mayoría cualificada, que ya fue uno de los objetivos de Amsterdam, pero apenas progresó entonces. En parte por la falta de acuerdo institucional y en parte por el cambio de posición de Alemania, que debido a las presiones de los länder se alineó con quienes defendían el mantenimiento del derecho de veto en muchas políticas comunitarias.

Oposición de España

"España se opone a esa idea de una maxiconferencia intergubernamental", advierte el embajador permanente español ante la UE, Javier Elorza. "Y nos oponemos porque eso crearía dificultades al Reino Unido para conseguir que su opinión pública acepte que la libra ingrese en el euro; impediría realizar una ampliación rápida, porque es impensable que se pueda hacer esa reforma con rapidez, y sería inútil porque la reforma en profundidad no se puede hacer hasta que no conozcamos las verdaderas consecuencias del euro en nuestras políticas fiscales y económicas. Y para eso hay que esperar cuatro o cinco años", sostiene Elorza.

"La posición española sigue siendo la que se acordó al cerrar el Tratado de Amsterdam: hagamos una reforma del voto y de la Comisión que permita la adhesión de los países del Este y luego, dentro de unos años, abordemos la gran reforma. Es una posición defendida también por otros países", concluye Elorza.

Las reticencias españolas no se limitan al tratamiento general de la reforma (mini o maxi) o al calendario (ahora o dentro de unos años). España plantea objeciones concretas a muchas de las propuestas, desde la de extender la mayoría cualificada a la de simplificar las cooperaciones reforzadas, desde la de desgajar del Tratado una parte constitucional para poder modificar las normas básicas de las políticas comunitarias por mayoría cualificada hasta la de extender la reforma a otras instituciones y no limitarla a la Comisión Europea.

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