El PSPV asumió la subvención a El Vedat a cambio de que modificara los criterios pedagógicos sexistas

A la reunión del 12 de febrero pasado, en la que se acordó "proponer el concierto para todos los centros" y rechazar "la priorización" de unos en detrimento de otros (es decir, los vinculados al Opus Dei que no cumplen los criterios de coeducación), participaron también cinco funcionarios de la consejería y tres representantes municipales cuya eleción resulta un tanto aleatoria: José Antonio Navarro Fernández, asesor del concejal de Educación de Valencia Emilio Del Toro; y los socialistas Joan Tamarit y Salvador Almenar, de Torrent. Su presencia se justifica, sin embargo, dado que dos de los colegios que ocuparon buena parte del debate son El Vedat, de Torrent, gestionado por Fomento de Centros de Enseñanza, que tiene un contrato coyuntural con el Opus, y el Guadalaviar, que es de la Obra. Ambos imparten clases según el ideario pedagógico sexista, que separa la educación de hombres y mujeres. Hecho que choca con el espíritu de la LOGSE y que ha sido recurrido por los sindicatos ante el TSJ.En este contexto, la presencia de los socialistas de Torrent fue decisiva para que la Administración cerrara el acuerdo completo sin oposición, excepto la opinión del representante de CC OO que acudió sólo en calidad de "invitado", ya que el sindicato no forma parte de la comisión de conciertos, al que Tamarit calificó de "trasnochado". La posición de Tamarit en la reunión fue "no priorizar propuestas", sino "ponerlas todas en el mismo paquete", en referencia "a los colegios El Vedad, Vilavella y Guadalaviar". Una posición que fue asumida por la comisión en bloque: "La comisión de conciertos acuerda que no procede establecer en la misma una priorización, se propondrá el concierto para todos los centros que lo han solicitado".

Acto seguido Tamarit sugirió al director territorial y a la Inspección que "exijan la buena voluntad escolarizando ya chicos y chicas". Una posición que el director territorial, Pablo Antonio Crespo, subrayó en varias ocasiones, puntualizando que su misión es "exigir a los centros el cumplimiento de las normas", como defienden los técnicos de la consejería.

Sin embargo, el escándalo que ha envuelto a los conciertos y la discrecionalidad política que ha primado, lo que se ha reflejando en las múltiples irregularidades detectadas y denunciadas por los sindicatos, han hecho que el director territorial en este momento haya pedido sin éxito su cese y que el secretario, Rafael Gómez, según UGT, haya sido apartado del proceso.

Al frente de las negociaciones iniciales, en la reunión de febrero, y ahora en medio del conflicto que enfrenta el Consell (lo cual deberá aclarar mañana el consejero Tarancón en las Cortes) aparece el subdirector territorial, Camilo Miró, hermano de la presidenta de las Cortes, Marcela Miró, y calificado como el hombre fuerte, "el brazo político", del equipo de Eduardo Zaplana en la consejería.