Como si nada hubiera ocurrido

Como si nada hubiera pasado. "Hay una central menos", resume Fermí Pellisé, alcalde de Tivissa (Ribera d"Ebre), población perteneciente a la Asociación de Municipios Afectados por las Nucleares (Amac).Diez años después del accidente que ocasionó el cierre de la nuclear Vandellòs I, el Gobierno sigue como si nada hubiera ocurrido y la Amac alarga su lista de reivindicaciones.

El Consejo de Ministros obliga mediante decreto a la población de Trillo (Guadalajara) a aceptar el almacenamiento de residuos nucleares en superficie "por interés general", pese a que el municipio denegó la licencia; los partidos políticos no han logrado consensuar una política de residuos; y, mucho más grave, los presupuestos para el año 2000 consignan únicamente 720 millones de los 2.500 requeridos para subsanar las carencias de los planes de emergencia.

Pellisé destaca además que la liberalización de las compañías eléctricas introduce una mayor incertidumbre de los emplazamientos nucleares. "Si se ven obligados a producir más barato, la reducción de personal y la de costes serán habituales, lo que puede perjudicar a la seguridad", señala. Los alcaldes reclaman un debate nacional que dé la espalda a los municipios que albergan en sus términos municipales complejos atómicos para que la situación de Trillo -"una política de hechos consumados"- no pueda volver a repetirse.

Recursos

Por el momento, la Amac ya ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra la orden ministerial y otro ante la Audiencia Nacional contra la decisión de que las propias centrales se conviertan en almacenes de residuos ya que "no están diseñadas para ello". El próximo 28 de octubre, los alcaldes expresarán sus quejas ante el Congreso de Diputados.

Para la organización ecologista Greenpeace, el 19 de octubre de 1989 demostró que las centrales nucleares "localizadas en el Estado español podían tener accidentes graves", según explica Carlos Bravo. El "incidente" (tal y como lo define el Consejo de Seguridad Nuclear) alcanzó el nivel 3 de la escala establecida por la Organización Internacional de la Energía Atómica, cuyo nivel máximo es el 7.

Han pasado diez años y como si nada hubiera ocurrido. Bravo recuerda que si bien el hecho de cerrar o no el complejo propició un debate que llegó incluso a dividir a los socialistas, entonces en el Gobierno, la discusión no se hizo extensiva al uso de la energía nuclear, tal y como ha sucedido en países como Francia, Bélgica y Alemania. Los dos últimos países han anunciado el desmantelamiento de sus nucleares para los años 2025 y 2024, respectivamente. El responsable de Greenpeace considera que la causa de la imposibilidad de un debate "que comprenda a todos los sectores implicados" es la fortaleza del lobby energético y de la política pronuclear de los populares. Una muestra del potencial del lobby es "el regalo de 1,3 billones a las eléctricas, propiciado a principios de este año por el ministro Piqué" y que Greenpeace y Ecologistas en Acción han denunciado ante el Comisario europeo de la competencia.

Según los ecologistas, el Ministerio explicó a la CE la ayuda alegando que las centrales españolas tienen un máximo de funcionamiento de 25 años, "cuando, de forma peligrosa, ahora prorroga sus permisos de explotación hasta 40 años". Los ecologistas denuncian que más del 60% de la ayuda estará destinada al sector nuclear que continuará operando, incluso si pierden dinero.

Otro de los aspectos que también corroboraría que se está actuando "como si no hubiera pasado nada" es la imposibilidad de dirimir las responsabilidades del accidente de Vandellòs, cuando la central incumplió las exigencias que el CSN le realizó tras el accidente de Chernobil.

El juicio previsto en la Audiencia de Tarragona se ha ido demorando, fundamentalmente por la presentación de diferentes recursos y la negativa de la justicia francesa a colaborar en la ejecución de informes periciales en la central de referencia -gemela- de Vandellòs, la de Saint Laurent des Eaux. Tanto el fiscal como la acusación particular consideran que tres directivos de Hifrensa (la propietaria de la nuclear) y dos técnicos del CSN incurrieron en delitos de riesgo o contrarios a la ley de energía nuclear. Por el primero solicitan una pena de 4 meses de arresto mayor y una multa de 3 millones y por el segundo, 2 años de prisión menor. La acusación particular solicita una indemnización de 54.000 millones de pesetas por los perjuicios del accidente al ciudadano. Todo apunta a que el juicio pueda celebrarse, finalmente, en enero.

El accidente de Vandellòs I se inició pasadas las nueve y media de la noche del 19 de octubre por un incendio en la zona convencional (no radioactiva) del complejo. Una concatenación de errores supuso que dos de los cuatro turbosoplantes fallaran, por lo que se puso en peligro la refrigeración adecuada del reactor. De haberse incinerado el grafito, en su interior hubiera existido un peligro de fuga radiactiva. El suceso convulsionó a la población, por la incorrecta implantación del plan de emergencia Penta: ni la nuclear accionó sus mecanismos de emergencia interior ni comunicó con puntualidad lo que sucedía al Gobierno Civil.