Buenos Aires, provincia sin ley

En los casos más importantes bajo investigación de asaltos a bancos, atentados antijudíos y homicidios por ajustes de cuentas entre bandas y los cometidos en represiones injustificadas, aparecen involucrados agentes y oficiales de media y alta graduación de la policía de la provincia argentina de Buenos Aires. Una fuerza armada de 47.000 hombres, a la que se reconoce popularmente como La bonaerense, que se envileció y se terminó de corromper bajo la dictadura y a la que el poder civil no ha podido someter a la ley. El desesperado reclamo por la creciente inseguridad ha sido tema de debate entre los candidatos a la gobernación en las elecciones generales del próximo domingo 24 de octubre. Pero la verdad es que nadie sabe qué hacer con los también llamados patas negras.Para la mayoría, la policía de la provincia de Buenos Aires es un pulpo con tentáculos en cada comisaría de barrio, pueblo o ciudad del distrito electoral más importante del país que cobra peaje por permitir las apuestas clandestinas, el tráfico de drogas, la prostitución, liberar zonas a los asaltantes y extorsionar con diversos métodos a comerciantes y vecinos. La justicia investiga además la colaboración de algunos de sus miembros en bandas mixtas con ladrones notorios y la complicidad en atentados terroristas.

El abogado, profesor en la Universidad y ex juez León Arslanián, de 56 años, presidente del tribunal que juzgó y condenó a los comandantes de la dictadura militar, ex ministro de Justicia de la Nación del actual gobierno y luego de la provincia de Buenos Aires, fue el encargado de llevar adelante desde diciembre de 1997 la más profunda reforma jamás intentada de la temida policía de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ésta quedó abortada tras su renuncia al cargo. "Nadie puede negar el grado de deterioro al que se había llegado hasta que iniciamos la reforma. Era una policía ineficiente, temida, con muchos casos de gatillo fácil y con otros vinculados a atentados terroristas. Por otro lado, la gente sabe también de acuerdos tácitos o expresos entre cierta dirigencia política y la policía y el involucramiento en general de policías en delitos muy graves, donde aparecen con los delincuentes. Todo esto es cierto y además se ve agravado por la ominosa historia reciente de una policía utilizada para procedimientos ilegales en la lucha contra la subversión".

Seguridad y trabajo es la demanda de los ciudadanos consultados en la provincia de Buenos Aires, según las encuestas realizadas 10 días antes de las elecciones. Los dos candidatos a gobernar, Graciela Fernández Meijide, por la Alianza de la oposición, y Carlos Ruckauf, del Partido Justicialista en el Gobierno, responden con discursos claramente diferenciados. Para Graciela, como se la reconoce popularmente, "la policía debe subordinarse a un poder civil fuerte". Para completar la reforma de la bonaerense y adaptarla al estado de derecho, piensa en un conductor "que se parezca" al general Martín Balza, actual comandante en jefe del Ejército de Tierra. Balza ya ha hecho tres veces la autocrítica pública por las violaciones a los derechos humanos que cometieron los militares durante la dictadura. "Necesitamos un Balza para la bonaerense", insiste Graciela.

Ruckauf, en cambio, ha recogido la demanda de mano dura que también revelan los sondeos y que se expresan en el casi 10% de la tendencia de voto favorable al ex comisario Luis Patti, un policía acusado de torturar y matar a los prisioneros, reciclado en dirigente político y que aspira también a gobernar la provincia. Ruckauf es todavía el vicepresidente en ejercicio del país y fue elegido por el actual gobernador Eduardo Duhalde, candidato a su vez a la presidencia, como su delfín para el cargo. "La policía necesita balas más potentes, capaces de penetrar los chalecos antibalas de los delincuentes, además de reformar las leyes penales", dice. "Un drogado no es un enfermo, es un delincuente que toma drogas para ser más violento en sus delitos".

Arslanián asegura que "nadie había hecho nada hasta que el actual gobernador, Eduardo Duhalde, tomó la decisión política de iniciar la reforma en 1997 y decidió disolver la organización de la ex policía bonaerense para descentralizarla, ponerla bajo el mando del poder civil y poner en disponibilidad a todos sus efectivos". De ese modo se logró depurar las cúpulas, lo que afectó a más de 300 comisarios. "El desembarco del poder civil en la policía era una deuda de la clase política con la sociedad. Este cambio no es mágico y va a llevar bastante tiempo", asegura.

Arslanián renunció a su cargo cuando el candidato dijo que "había que meterle bala a los delincuentes" y que volvería a designar a un policía para conducir a la fuerza en caso de ser elegido. La reforma quedó entonces inconclusa, pero Arslanián insiste en que "es irreversible" a pesar de todo "porque los mecanismos de control ahora están en manos de la comunidad".