"Despójese de la toga"

Al sentarse en el banquillo, el 14 de septiembre, Javier Gómez de Liaño supo que su futuro dependía de un tribunal enraizado en su pasado. Estaba frente a un sitial desde el que su padre había ejercido como magistrado. Pero ahora iban a juzgarle a él. Y por el delito más grave imputable a un juez: servirse de su cargo para cometer injusticias. La voz imperativa del presidente le resumió su situación: "Despójese de la toga para contestar al interrogatorio". La toga es vestimenta de jueces, no de procesados. Liaño ha concluido siendo condenado por el tribunal al que parecía predestinado desde la cuna.Nacido en Ourense en 1948, Liaño presume de haber aprendido en su niñez que los códigos son "para los jueces lo que los misales para los sacerdotes". Lo cuenta en sus memorias, Pasos perdidos, publicadas en pleno proceso suyo, cuando ya estaba suspendido como juez, y en el que, entre otros, alude al caso Lasa-Zabala, pendiente de juicio, y al de Sogecable, respecto al que sostiene: "Mis resoluciones se ajustaron a la ley como una tuerca se ajusta a un tornillo".

Su irrupción en la vida pública se produjo al llegar a la Audiencia Nacional, en julio de 1984, con su padre aún en el Supremo. Destacó enseguida por su jovialidad pese a que se vivían los tiempos más duros del terrorismo y compartió con el hoy presidente de la Sala de lo Penal, Siro García, entonces inseparable suyo, la extradición a Colombia de los jefes del cartel de Medellín, Jorge Luis Ochoa y Gilberto Rodríguez Orejuela.

Este caso provocó el primer enfrentamiento serio de la Audiencia con el Gobierno, afectó a las relaciones entre jueces y concluyó con la entrega a Colombia de los dos capos pese a la demanda de Estados Unidos. Ya en su país, Ochoa se fugó antes de dos semanas.

La actuación más destacada de Liaño en esa etapa fue como miembro del tribunal que juzgó el envenamiento masivo por aceite de colza. Asistió durante año y medio a las sesiones y estrechó relaciones con el fiscal, Eduardo Fungairiño, aunque en la sentencia sustentó una tesis diferente a la de éste: indemnizaciones muy altas, pero penas leves, por lo que fue recibida con grandes protestas por parte de los afectados.

En noviembre de 1990, Liaño fue nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP. Como tal, votó a favor de casi todas las iniciativas del sector mayoritario, el del PSOE, y se enfrentó al conservador Andrés de la Oliva, al que calificó de "vil, malicioso y abyecto" cuando éste le pidió que se abstuviese en una votación con la que pretendía apartar al juez Manuel García Castellón de la instrucción del caso Banesto -Mariano Gómez de Liaño, hermano suyo, es abogado de Mario Conde y está procesado junto al ex banquero-.

Liaño fue luego vapuleado por las juntas de jueces por el tema de Susana Polo, una juez de Madrid que no tomó declaración personalmente a dos médicos a los que él le había recomendado. Le recriminó por teléfono su actitud y le envió a los inspectores. El escándalo fue tal que Liaño tuvo que presentar su dimisión, que no le fue aceptada.

De vuelta a la Audiencia, pasó al Juzgado Central número 1, vacante por la marcha de Carlos Bueren y en el que se hallaba a media instrucción el secuestro y asesinato de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala en 1983. Por este asunto envió a prisión a Enrique Rodríguez Galindo, general de la Guardia Civil.

Parapetado precisamente tras ese sumario, Liaño adoptó sus resoluciones más conflictivas: apoyó al sector de los fiscales indomables, al que pertenecía su actual esposa, María Dolores Márquez de Prado, y llamó a declarar al entonces fiscal jefe de la Audiencia, José Aranda; mantuvo soterradas disputas con los fiscales antidroga y excarceló al jefe mafioso Nunzio di Falco. Además, se dedicó a conceder entrevistas y tildó a la Justicia de "servil y genuflexa". Finalmente, jaleado por ciertos medios de comunicación, abordó el caso Sogecable.

En febrero de 1997, en plena guerra digital por los derechos del fútbol en televisión, Liaño aceptó a trámite una denuncia del suegro de su cuñada, el periodista Jaime Campmany, director de Época, e inició el proceso contra Sogecable: exigió que se le entregase el listado de los abonados de Canal +; hizo comparecer en el juzgado al presidente del Grupo PRISA, Jesús de Polanco, y demás gestores de Sogecable y les prohibió salir de España sin su permiso; impuso el secreto sumarial y lo mantuvo parcialmente incluso cuando la Audiencia le ordenó levantarlo, y fijó una fianza de 200 millones para Polanco pese a conocer ya los informes exculpatorios redactados por los peritos de Hacienda.

Todas sus decisiones fueron revocadas por la Sala de lo Penal, que, respecto al secreto sumarial, dijo que su determinación había sido "innecesaria, irrazonable, desproporcionada e inadecuada". Liaño preguntó entonces al fiscal si el tribunal había cometido un delito y el CGPJ le sancionó por falta grave a sus superiores. Al cabo, fue apartado del caso tras recusarle el consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián. Previamente, el juez Baltasar Garzón se había abstenido y denunciado la conspiración contra PRISA.

Su última actuación polémica fue su intento de quedarse con el asunto del vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, vinculándolo a los GAL.

En junio de 1998, tras su procesamiento en el caso Sogecable, el CGPJ le suspendió en sus funciones de juez.