Todas las instancias del Poder Judicial acatan el fallo y subrayan que el Supremo es el máximo tribunal

La sentencia del Tribunal Supremo que condena al juez Javier Gómez de Liaño a 15 años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en la instrucción del caso Sogecable fue recibida ayer con respeto en todas las instancias del Poder Judicial.El presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, a preguntas de este periódico, contestó: "No opino nunca sobre las sentencias que dictan los tribunales. Está fuera de lugar que opine sobre el acierto o desacierto de un tribunal, porque sería prejuzgar, como en este caso, un posible recurso de amparo. Sólo opino en defensa de las sentencias cuando las críticas a las mismas no son lo suficientemente fundamentadas y se convierten en ataques".

Ricardo Bodas, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia, mostró el "máximo respeto a las resoluciones judiciales, especialmente del Tribunal Supremo". Bodas subrayó que se trata de "un hito que escenifica claramente ante los ciudadanos que todos somos iguales ante la ley, incluso los jueces y también magistrados poderosos como los de instrucción de la Audiencia Nacional, a los que se puede imputar un delito y juzgarles con garantías de independencia e imparcialidad y, con pruebas, el tribunal concluye que cometió delito e impone la pena".

Santiago Martínez-Vares, presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, expresó a Europa Press su "máximo respeto" por la sentencia, si bien lamentó que un juez se vea en esta situación "por hacer lo que creyó que era justo" y transmitió su "calor humano, respeto y comprensión" a Liaño. Tras reconocer que no había leído la sentencia, dijo: "Lo único que hay que desear es que se ajuste a derecho, aunque no dudamos de que así sea". En todo caso, subrayó, el fallo demuestra que el Estado de Derecho es igual para todos, sin distinciones, y que "la Justicia no tienen dos varas de medir".

El portavoz de la asociación centrista Francisco de Vitoria, Lorenzo Pérez San Francisco, dijo que hay que acatar y respetar la sentencia, pese a admitir que habría sido "más agradable" la absolución, pues se condena a Gómez de Liaño por el delito más grave que puede cometer un juez.

Respeto de Cardenal

El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por su parte, se limitó a manifestar que "respeta y acata" la sentencia. Se da la circunstancia de que la fiscalía del Supremo pidió la absolución de Liaño durante el juicio.

Miguel Colmenero, presidente de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, expresó también su respeto por la decisión del Supremo. Preguntado por las declaraciones de Liaño tras conocer el fallo, aludiendo a la tranquilidad de conciencia de los magistrados que le han condenado, agregó: "Estoy absolutamente seguro de que la conciencia de todos los que han intervenido está tranquila y estoy seguro de que cada uno cree que ha cumplido su deber".

El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, afirmó que "una condena siempre es preocupante y, cuando alcanza a una persona tan significada como un juez de la Audiencia Nacional, es más preocupante si cabe". Añadió: "En España existe una justicia independiente que se mueve sólo dentro de los parámetros del razonamiento jurídico, y estoy seguro de que los argumentos de la sentencia estarán de acuerdo con el fallo".

Liaño fue vocal del CGPJ antes de incorporarse a la Audiencia Nacional como juez de instrucción. Varela explicó que la suspensión de funciones d el magistrado desde el 19 de julio del año pasado se prolongará hasta que se ejecute la condena de 15 años de inhabilitación, que supone la pérdida del cargo de juez.

El portavoz del CGPJ descartó que esta sentencia pueda afectar al caso Lasa y Zabala (secuestro y asesinato de dos presuntos etarras), que instruyó Liaño y que se encuentra pendiente de juicio, ya que "son cosas distintas y no tienen nada que ver una con la otra". En cambio, Jorge Argote, defensor del general Enrique Rodíguez Galindo y de la mayoría de los acusados en el caso Lasa y Zabala, estimó que la condena "debe hacer meditar sobre todas las denuncias" que él ha interpuesto "contra este juez".