Un problema con 2.500 cerdos

Si el Ayuntamiento de Granada anda de cabeza porque no sabe cómo desembarazarse de la pareja de caballos que regaló a la ciudad un príncipe saudí, ahora tendrá que solucionar qué hacer con los 2.500 cerdos que, según los cálculos municipales, hay en una granja clandestina propiedad del constructor José Ávila Rojas.La delegación municipal de Medio Ambiente está dispuesta a evacuar a los animales en camiones, y llevarlos a donde sea menester, con tal de forzar el cumplimiento del nuevo decreto de fin de la actividad que ha firmado hace unos días el concejal Baltasar Garzón, de Izquierda Unida.

Si el constructor se resiste, el municipio ordenará la clausura pero, antes, los inspectores tendrán que verificar el número de reses, calcular cuántas caben en cada camión, contratar los vehículos y, sobre todo, encontrar un destino adecuado para los cerdos.

Traslado al matadero

Jesús del Río, director del área de Medio Ambiente, ha confirmado que la delegación está dispuesta a proceder al traslado de las reses. Adónde, es otro cantar. "Se podrían concentrar en otra granja o llevarlas directamente al matadero", señala Del Río. Y con la carne ¿qué? "Eso lo dirán los técnicos", precisa el director del área de Medio Ambiente.

Pero ¿puede el Ayuntamiento disponer de unos cerdos que no son suyos? Son muchas las dudas que plantea la intervención del Ayuntamiento, pese a la actitud resolutiva de Jesús del Río. La granja ocupa un cortijo situado en la ladera del Sacromonte, con entrada por el barrio de El Fargue.

Desde 1997 el Ayuntamiento ha intentado infructuosamente el cierre de la instalación después de descubrir que carece de licencia. Ese año el municipio dictó la primera orden de cese de la actividad y alternativamente, en caso de desobediencia, de clausura.

El constructor, sin embargo, alegó que la granja ya funcionaba como explotación porcina antes de que la adquiriera y que él se había limitado a modernizar las instalaciones y aumentar el número de cabezas de ganado. En el último recuento el Ayuntamiento sumó 2.000 lechones y 500 madres.

A partir de ahí se desencadenó una serie de resoluciones y recursos que acabaron en los juzgados. Garzón cree, que una vez obtenidas las debidas garantías legales, es el momento de ordenar definitivamente el cese de la actividad y si Ávila Rojas desobedece, proceder a la clausura y al traslado de los cerdos. A mediados de septiembre, el concejal de Izquierda Unida firmó el nuevo decreto de suspensión de la actividad ganadera, ya que carece de la licencia de apertura.

Medio Ambiente actuó contra la granja al detectar hace dos años la fuga de aguas residuales de tres balsas al cauce del río Darro, que luego recorre toda la ciudad hasta afluir con el Genil. El Ayuntamiento ordenó la desecación inmediata de las pantanetas, lo que logró tras varias inspecciones.

Sanciones periódicas

Lo que no ha conseguido aún, según reconoce Del Río, es que el dueño abandone la actividad y retire a los cerdos de las cochiqueras del cortijo de Casasblancas, aunque ha hecho todo lo que estaba en su mano, incluido sancionar periódicamente al propietario con multas de 50.000 pesetas, la última hace pocas semanas.

El director del área de Medio Ambiente asegura que si el propietario no cancela la actividad industrial voluntariamente, se las verá con los inspectores. Y los inspectores se las verán con los cerdos; los cerdos, con los camiones, y luego con los ganaderos o, en el peor de los casos, con los matanceros; y los matanceros y los inspectores con Ávila Rojas, que reclamará los cerdos. En fin.