La Ciudad de la Justicia se pagará dentro de diez años

El Consell ha recurrido de nuevo a la figura del pago aplazado para desarrollar uno de sus denominados proyectos emblemáticos. La contratación de la segunda fase de las obras de la Ciudad de la Justicia de Valencia, que prevén la urbanización de las parcelas y la construcción del edificio que albergará los juzgados de la capital y la Audiencia Provincial, tenían un presupuesto inicial de 16.020 millones de pesetas y estaban previstas en el Plan Director de Infraestructuras Judiciales aprobado el 11 de julio de 1997. Pero el presupuesto de la Generalitat para 1999 sólo preveía una dotación de 2.000 millones para inversiones reales en el área de Justicia. Solución, el pago aplazado. Las obras de la Ciudad de la Justicia se acometerán de inmediato y deben estar terminadas en la presente legislatura, pero se pagarán dentro de diez años. El coste total subirá en torno a un 20% hasta 19.685 millones de pesetas debido al pago de los intereses correspondientes.Caso paralelo

El caso es similar al aplicado para el plan de infraestructuras universitarias, con un presupuesto inicial de 75.000 millones, cuyo pago se aplazó 25 años a través de la emisión de deuda por parte de las universidades valencianas garantizada por la Generalitat. El Consell había restringido la aplicación de los métodos de pago aplazado y de pago alemán o llave en mano para evitar tensiones presupuestarias en el futuro, pero ha recurrido de nuevo a una figura que esquiva la deuda para acometer obras a pesar de la falta de liquidez.

El acuerdo para aplazar el pago de la Ciudad de la Justicia cuenta con la aprobación de la Consejería de Economía y Hacienda, según aclaró la portavoz oficial del Consell, Alicia de Miguel.

En el capítulo de obras, el gobierno autonómico ha aprobado un convenio entre la Consejería de Obras Públicas y la Autoridad Portuaria de Valencia para trasladar un conjunto de instalaciones portuarias y permitir la cesión de suelo de la dársena interior del Puerto al Ayuntamiento de Valencia. El acuerdo prevé que Obras Públicas subvencionará con 1.300 millones en tres anualidades las infraestructuras que permitan conectar el tráfico rodado y el ferrocarril entre los muelles de Levante y Poniente, y favorecer así la operación urbanística Balcón al Mar. La promoción y contratación de las obras corresponde a la Autoridad Portuaria.

El Consell también aprobó la modificación del decreto de concesión de emisoras de radio en frecuencia modulada para garantizar la renovación automática de las licencias cada diez años, siempre que los concesionarios cumplan los requisitos establecidos en el concurso original. La medida afecta a todas las licencias otorgadas en la Comunidad Valenciana que se encuentren en explotación y persigue defender la seguridad jurídica de los actuales concesionarios de emisoras de frecuencia modulada.