Válvula de seguridad
Hay varias razones de peso para respaldar en términos generales los acuerdos que el Gobierno plantea a terceros países con el fin de ampliar y organizar la entrada de trabajadores hasta duplicar en los próximos 15 años, según las proyecciones oficiales, el millón de inmigrantes que hoy viven en territorio español. Una de ellas interpela a nuestra memoria y a nuestra conciencia: el recuerdo de los cientos de miles de trabajadores españoles que en las décadas de los sesenta y setenta emigraron a la Europa industrializada en busca de empleo, salarios dignos y formación profesional e intelectual. Gracias a esa emigración, la sociedad española integró algunos fermentos imprescindibles de modernización y la economía aceleró su industrialización. El acuerdo firmado con Marruecos para facilitar la entrada de temporeros y los convenios que se preparan con Ecuador, Colombia, Mali, Rumania y Polonia pueden rendir el mismo servicio esencial a esos países.Además de razones sentimentales, otras de orden más práctico justifican que se amplíe la inmigración. El mercado de trabajo necesita cubrir con cierta urgencia unos 300.000 empleos anuales que no son ocupados por trabajadores españoles. Puede parecer paradójico que un país que tiene más de dos millones de parados y una tasa de desempleo del 15,6% necesite importar mano de obra, pero lo cierto es que algunos sectores encuentran serias dificultades para cubrir puestos de trabajo de baja o nula cualificación. La paradoja se explica porque una parte importante de los parados españoles busca empleos en mercados sobresaturados, mientras que la demanda en algunas actividades agrícolas o en la construcción es tan baja, que hay zonas en las que resulta difícil cubrir las necesidades mínimas.
Hasta el momento, la ausencia de trabajadores para las tareas más duras se ha cubierto con la ocupación de inmigrantes ilegales que percibían y perciben salarios miserables. El aumento de la inmigración legal actuará en contra de los salarios de hambre y de la explotación de los ilegales.
Hay otros desequilibrios importantes que pueden corregirse con un aumento de la inmigración legal. La pirámide de población en España empieza a notar los efectos de la baja natalidad registrada en las dos últimas décadas. En 1971, el 28% de la población tenía menos de 14 años; hoy, ese segmento de edad supone apenas el 15%. Este fenómeno tiene y tendrá en los próximos 10 años un efecto beneficioso sobre la tasa de desempleo al reducir el número de personas que se incorporan al mercado de trabajo. Pero, a cambio, hace descender las proyecciones sobre el número de cotizantes a la Seguridad Social, lo que pone en peligro la financiación de las pensiones y de la protección social. La presencia de nuevos trabajadores integrados en la sociedad española permitiría aumentar el número de cotizantes y alejar ese riesgo.
Todas las políticas tienen sus costes y sus riesgos. En este caso, uno de los errores más graves sería tratar a los inmigrantes como mercancías sin derechos y sin protección. Por el contrario, es imprescindible que los nuevos trabajadores eventuales tengan plena integración educativa, sobre todo acceso a la formación profesional, y oportunidades de inserción en la sociedad. Sin tales condiciones, que implican reconocer que la economía española no puede acomodar a todos los que huyen de la pobreza, el Gobierno estaría simplemente practicando un servicio estéril de recogida de huidos.
España necesita políticas activas de inmigración y ésta puede ser una de ellas. La respuesta más inteligente a la tragedia de los muertos en las pateras y a la presión de quienes buscan en Europa un empleo que les permita sobrevivir es una apertura flexible de las fronteras, que no renuncie a poner límites a la entrada de extranjeros, pero que la regule en función de las necesidades incontestables de cobertura de las actividades económicas y de las posibilidades reales de integración. Esta estrategia no garantiza la solución a los gravísimos problemas planteados en las fronteras entre las economías desarrolladas y los países pobres en Asia y en África; pero es más inteligente que elevar muros de contención y cercar los mercados europeos con alambres de espino.
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