Situaciones familiares frente a argumentos educativos

La polémica de la jornada continuada se remonta a marzo de 1998, cuando Esperanza Aguirre, que aún administraba nueve comunidades, entre las que se encontraba Madrid, aceptó esta histórica reivindicación sindical. El agitado debate que suscitó impidió que la iniciativa saliera adelante con carácter general. En todo caso, la experiencia en las comunidades de Andalucía y Canarias, que llevaban ya varios años con este tipo de jornada, demostraba que el cambio modifica los hábitos de vida de las familias, aunque influye de forma diferente según se cuente con más o con menos recursos. La discusión se ha propagado en la sociedad, generalmente con posiciones mucho más basadas en la situación concreta de cada familia que en argumentos estrictamente educativos.A favor de la jornada intensiva señalan algunos expertos que los niños suelen adaptarse sin dificultad al horario continuado, que tienen más tiempo en casa y que es más llevadero para algunas familias porque sólo tienen que hacer dos viajes al colegio en vez de cuatro. Un argumento en contra es sociológico: la jornada intensiva es mejor acogida por las familias en las que uno de los padres no trabaja, lo que, en la práctica, se traduce en un obstáculo para la integración laboral de las mujeres.

Otro inconveniente es el financiero. Según el cálculo de una de las patronales de la enseñanza concertada, Educación y Gestión, costear unas actividades complementarias en condiciones para aplicar la jornada continua en todo el país costaría medio billón de pesetas.

Aunque no hay datos que vinculen científicamente la jornada continuada con el rendimiento, las dos comunidades en las que está generalizada (Andalucía y Canarias) son las de peor resultados en primaria, según el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Los detractores temen además una fuga de los centros públicos a los concertados, cuya oferta de actividades suele ser mucho más amplia.