El Gobierno cambia a los 10 meses una ley para multar el ruido de los aviones en Barajas

La Ley de Disciplina del Tráfico Aéreo no ha resistido ni un año el paso de los aviones. Y no porque las tecnologías hayan avanzado más que esta norma, aprobada el 30 de diciembre de 1998, sino porque sus huecos legales impiden al Ministerio de Fomento imponer y cobrar multas a sus infractores. Por ello, en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo central ha modificado tres artículos de la norma. "El aeropuerto de Barajas está imposibilitado para sancionar las conductas de aquellos aviones que más ruido producen", dice la nueva ley.

El texto legal también pretende dar satisfacción a los municipios limítrofes de Barajas que más sufren el impacto acústico. "Dentro de la actual ampliación de dicho aeropuerto se encuentra el acuerdo con los municipios circundantes para establecer las sanciones. La no modificación de dicho articulado impediría cumplir el acuerdo, lo que supondría un incremento del problema", explica el texto. Además, el Gobierno reconoce que, si no se aprobasen estos cambios, la ley no podría acomodarse a las directivas europeas, lo que "llevaría aparejada la apertura de un expediente".Fuentes de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) explicaron el viernes que la actual ley "es claramente insuficiente" para imponer las sanciones a los infractores. "Las compañías utilizan los huecos legales para recurrir las multas y es posible que ganen algunos recursos", reconocieron. Estas fuentes compararon además la situación que ha provocado en el último año esta ley con lo que ocurre con las multas de tráfico y su paralización por los recursos. En los últimos meses, AENA ha impuesto 12 multas a las aerolíneas por haber infringido la ley (exceso de ruido, salirse de las aerovías obligatorias, volar fuera del horario permitido). La mayoría han sido recurridas, "y es posible que las ganen", señala AENA.

En el texto que se debatirá en el Congreso, Fomento establece como obligatorio en Barajas la "restricción de la utilización de la reversa [giro de los motores para frenar el avión con rapidez] cuando no resulte justificado por razones de seguridad". Este tipo de maniobras, utilizadas habitualmente por las compañías, produce un importante impacto acústico en el aeropuerto. Igualmente, se establecen "limitaciones a la realización de pruebas de motores". En el caso de Barajas, este tipo de pruebas provoca una fuerte contaminación acústica en los zonas urbanas más cercanas. Por ello, AENA está pensando en levantar barreras antirruido en torno al barrio de la Embajada. Igualmente, las modificaciones de esta ley conceden a los aeropuertos la potestad para determinar los procedimientos que deberán seguir los aviones para reducir el ruido: desviaciones máximas permitidas en sus trayectorias y potencia de motores utilizadas.

Infracciones

Los cambios que el Gobierno de Aznar quiere introducir en la ley establecen tres tipos de faltas para los infractores: leves, graves y muy graves. Las leves (hasta 250.000 pesetas) se impondrán cuando se utilice la reversa o se incumplan los "métodos de abatimiento del ruido". Las faltas graves (castigadas con una cantidad que puede alcanzar el millón de pesetas) se circunscriben a la prohibición de efectuar operaciones de aterrizaje o despegue fuera del horario acotado para cada tipo de nave, la utilización de "rutas de aproximación o salida no autorizadas" y "realizar cualquier maniobra no justificada por razones de seguridad, meteorológicas o fuerza mayor".Por último, se consideran infracciones muy graves (multas de hasta 10 millones) "infringir las restricciones de sobrevuelo o de altitud en las zonas de especial sensibilidad acústica definidas" o utilizar "aviones de reacción subsónicos infringiendo la normativa vigente sobre su uso".

Los vecinos cercanos al aeropuerto llevaban meses denunciando que numerosos aviones sobrevolaban sus viviendas y que Fomento no imponía sanciones. Los vecinos aseguraban que las compañías se salían de las rutas establecidas con el fin de ahorrar combustible. Pero el ministerio siempre lo negó y anunció en varias ocasiones que la ley, la misma que ahora variará, protegía a los afectados.