Los inmigrantes deberán empadronarse para tener derecho a la asistencia sanitaria gratuita

La ponencia del Congreso que debate la nueva ley de Extranjería ha acordado incluir la inscripción en el padrón municipal como requisito para que los extranjeros accedan a la asistencia sanitaria "en las mismas condiciones que los españoles". El pleno del Congreso aprobó el pasado día 21 dos proposiciones que extendían a los extranjeros que se hallen en España el derecho a la atención médica, sin especificar cómo se acreditaría dicha residencia. Con la remisión al padrón municipal se quiere evitar el turismo sanitario: la llegada de inmigrantes con el objetivo de obtener asistencia médica gratuita.

Según fuentes de la ponencia, la inscripción en el padrón municipal no debería ser obstáculo para que los extranjeros que se encuentren en España en situación de ilegalidad disfruten de asistencia sanitaria, pues para empadronarse sólo se requiere tener un documento identificativo, como el pasaporte, y poder acreditar un domicilio, mediante contrato de alquiler o recibo a nombre del inmigrante o de la persona que le da alojamiento. Se trata, agregan las mismas fuentes, de garantizar la asistencia médica a todos los extranjeros que residen en España, de forma legal o ilegal, sin abrir la puerta a la llegada de inmigrantes con el único objetivo de beneficiarse de estas ventajas.En todo caso, estar empadronado no será necesario para tener derecho a asistencia médica de urgencia, en caso de enfermedad grave o accidente, "hasta la situación de alta médica", y tampoco para recibirla "durante el embarazo, parto y posparto".

La ponencia del Congreso ha aprobado ya 42 artículos, más de la mitad del proyecto, con numerosas modificaciones sobre el borrador difundido el pasado verano. Aunque falta por debatir el capítulo sobre sanciones, uno de los más delicados, la ponencia debería concluir su dictamen durante la reunión que celebrará el jueves, para que sea posible aprobar la ley en esta misma legislatura.

Los plazos son muy ajustados, pues el texto debería estar de vuelta del Senado antes de que acabe diciembre, y tanto los grupos que impulsan la reforma -a partir de sendas proposiciones de CiU, IU y el Grupo Mixto- como los colectivos sociales vinculados a la inmigración temen que, si no se logra aprobar ahora la ley, su entrada en vigor se demore al menos un año.

El proyecto supone un cambio radical respecto a la ley vigente, de 1985. Cambia el propio concepto de extranjero, del que excluye a los ciudadanos y a los residentes permanentes en estados de la Unión Europea. Pero cambia, sobre todo, la filosofía.

La ley de 1985 sólo reconocía como titulares de derechos a los inmigrantes legales, ignorando a los ilegales, y aun así con limitaciones sujetas a decisiones administrativas. Ahora se reconoce a los inmigrantes los mismos derechos, y en las mismas condiciones que a los españoles, aunque se exige el requisito del empadronamiento, por ejemplo, para acceder a la asistencia sanitaria y a las ayudas a la vivienda.

Una de las principales novedades, ya aprobada por la ponencia, es el establecimiento de un mecanismo de regularización permanente de inmigrantes, que permitirá acceder al permiso de residencia temporal a quienes acrediten una estancia ininterrumpida de dos años en España, estén empadronados y cuenten con medios de subsistencia. A partir de cinco años de residencia temporal, el permiso será permanente.