Los ecologistas censuran la desaparición de la Fiscalía para los delitos ambientales La fiscal jefe aduce que la medida obedece sólo a "una cuestión de organización interna"
VIENE DE LA PÁGINA 1 En los últimos años, dejó sus funciones uno de los dos fiscales en Vizcaya y hace unos meses la fiscal jefe del País Vasco decidió que no existiese un órgano destinado específicamente a los delitos medioambientales y que se reparta esta labor entre los distintos fiscales. "No habrá nadie dedicado a los delitos ecológicos, pero las denuncias se seguirán tramitando igual. Es una cuestión de organización interna, no hay nada más", señaló un portavoz de la Fiscalía. La razón última, según fuentes judiciales consultadas, es el reducido número de asuntos relacionados con el medio ambiente que llegan a los tribunales vascos. Ello hace que ni siquiera haya estadísticas de referencia sobre estos asuntos. "Los datos de delitos ecológicos son los que aparecen en la memoria anual del Tribunal Superior y que, como están clasificados junto a otros delitos, no podemos cuantificarlos", se explica desde la Fiscalía. Un paso atrás La inexistencia de fiscales especializados, aunque sea con dedicación parcial, supone un paso atrás, según afirman los grupos ecologistas. "No es lo mismo que uno o dos fiscales se encarguen de los temas medioambientales a que vaya cayendo en cada fiscal según le corresponda. Es una manera de que se archiven con mayor rapidez", se lamenta el portavoz de un grupo ecologista. Ante la falta de datos sobre de las agresiones anuales al medio ambiente en las diputaciones y en el Gobierno vasco, que se remitían hasta ahora a la Fiscalía de Delitos Ecológicos, las únicas estadísticas fiables proceden de la Ertzaintza, que realiza labores de policía judicial. Durante el pasado año, la policía autonómica tramitó un total de 43 denuncias, de las que ocho correspondieron a vertidos tóxicos a los ríos. El resto de los casos fueron de diversa índole, generalmente de menor importancia; desde emisiones a la atmósfera al depósito de basuras en escombreras incontroladas. El más grave de los accidentes ecológicos en el País Vasco ocurrió en 1994 en Barakaldo. Una emisión tóxica incontrolada de la empresa química Rontealde causó la muerte de un vecino de la localidd que tenía problemas respiratorios. El juez instructor dictó un auto de procesamiento contra cuatro directivos de la planta, aunque uno de ellos fue absuelto posteriormente por la Audiencia de Bilbao, como responsables de un delito ecológico con resultado de muerte. La vista oral, que sentará en el banquillo a tres directivos de Rontealde, ha sufrido diversos aplazamientos y no se ha fijado aún. Otro episodio contaminante en Euskadi si tiene fecha de juicio: el 21 de diciembre se celebrará la vista oral contra tres directivos de las empresas Ferrovial y Cadagua por un delito ecológico en la construcción de la depuradora de Gorliz. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha pedido para cada uno de los tres procesados un pena de dos años y cuatro meses de prisión a consecuencia de un vertido que causó en 1995 la muerte de miles de peces en un arroyo cercano a la depuradora. El desastre ecológico se completó con la utilización de escorias de acero para el relleno de los terrenos.
