UGT exige que se retiren los cambios del contrato laboral fijo discontinuo

El secretario confederal de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, exigió ayer al Gobierno la retirada de las modificaciones a la regulación del contrato laboral fijo discontinuo incluidas en el proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestos para el año 2000, aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. Ferrer afirmó que esa reforma constituye un "desafuero a la legalidad" y rompe el acuerdo alcanzado en noviembre del año pasado con los sindicatos para la estabilidad de los contratos a tiempo parcial.

Según Ferrer, sustituir la duración, concreción de los días y distribución horaria de los contratos fijos discontinuo por una "indicación sobre la duración estimada de la actividad" y que la jornada laboral y su distribución horaria sólo tenga que figurar de forma "orientativa" supondrá "la consagración de una práctica del siglo XIX, el contrato a llamada". UGT considera que la inclusión de estas medidas, de acuerdo con los empresarios y con la "coartada" de una petición en este sentido realizada por organizaciones sindicales "territoriales" y "no representativas del sector", ponen en entredicho la voluntad de diálogo social del Gobierno y su respeto por los acuerdos firmados.Para el sindicato, la reforma propuesta "suprime de un plumazo" la seguridad, estabilidad y certeza para el trabajador que el Decreto 15/1998 había llevado a los sectores y actividades estacionales, y les deja en manos del "arbitrio y discrecionalidad" de los empresarios. Es más, UGT estima que podría atentar contra los artículos 34 y 41 del Estatuto de los Trabajadores, que regulan la jornada, tiempo y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.

"El Gobierno ha escuchado y hecho suyas las pretensiones del lobby empresarial de las zonas con mayor fraude en la contratación", añadió. Según las estimaciones de UGT, la modificación afectará a entre 500.000 y 650.000 trabajadores, principalmente de zonas costeras del Mediterráneo, Navarra, La Rioja, Canarias y Galicia, en las que predominan el turismo y la actividad conservera y hortofrutícula.

Ferrer acusó al Ejecutivo de "proteger" el fraude y la economía sumergida con una medida que "cubre con un manto opaco" estas actividades y beneficia "a los empresarios que incumplen la ley". También resaltó que no ha sometido la propuesta ni a la comisión mixta de seguimiento del acuerdo del 13 de noviembre de 1998, ni al Consejo Económico y Social, además de tratar de "enmascarar la tropelía que cometen" incluyéndola en la Ley de Acompañamiento.

El dirigente de UGT criticó el apoyo de Comisiones Obreras a la medida y le instó a ser "leal" con el acuerdo suscrito hace menos de un año. "El comportamiento de CCOO ha sido oscurantista y sus explicaciones insatisfactorias", afirmó Ferrer, que reclamó a la dirección confederal de ese sindicato que ratifique o desautorice a sus federaciones territoriales que firmaron la propuesta conjunta con las organizaciones empresariales.